La llegada al Ayuntamiento de Valencia ha deparado varias sorpresas a la izquierda. Cuando se han inspeccionado algunos contratos se ha encontrado con algunas beneficios a las empresas que no estaban recogidos en el pliego de condiciones o que incorporaban aspectos que favorecían a las concesionarias en lugar de a los que reciben el servicio.
Según fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible, las contratas de la ORA -el estacionamiento reservado de vehículos- y de Valenbisi -la bicicleta municipal- serían dos ejemplos de estos casos. Pese a no haber nada irregular, ni mucho menos ilegal, sí que ponen de manifiesto cierta complicidad en condiciones que son perjudiciales para el ciudadano, bien por la calidad del servicio o porque implican un desembolso mayor.
La contrata de la ORA regula el estacionamiento reservado de las zonas azules y de la zona naranja, que se utiliza para residentes. La concesión se encuentra actualmente paralizada. Y una de las razones es el elevado incremento de las zonas azules y naranja que contemplaba el nuevo pliego de condiciones aprobado por el anterior gobierno de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP). “Se incrementaban tres veces las plazas de pago para todos los barrios”, apuntan las mismas fuentes.
La plaza de residentes era el doble de cara que la de Madrid. “Era la más cara de España”. Los vecinos de la zona, además, tenían que asumir un coste extra que no se abona en otras capitales españoles. “En otras ciudades, el ticket de residente para aparcar es una pegatina que se entrega de forma gratuita. Aquí cada semana se tenía que comprar un ticket de la ORA para ponerlo en el vehículo. Y si se les caía el ticket se les sancionaba”. “Esto empeora la vida de los vecinos”, critican desde la concejalía. “Que los comerciantes no pudieran acceder a la zona naranja, pese a tener negocios, desincentivó la economía”, agregan.
“Hay una serie de incumplimientos que no facilitan en nada la vida de los residentes”. Frente a esto, desde el área de Movilidad Sostenible, apuestan por revisar y revertir la contrata. “La intención es que el año que viene sea pública. La contrata está prorrogada y no puede continuar así más”, indican. Por el momento, se está explorando la fórmula que permita devolver la concesión a manos municipales. Un proceso difícil, ya que hay que revisar muchos aspectos, como por ejemplo la propiedad de los parquimetros.
Aunque menos gravosos, también se han detectado otros aspectos de este tipo en el control de la contrata del Valenbisi. Otorgada por Barberá en 2010, en un proceso que los socialistas calificaron de “traje a medida”, la concesión tiene una duración de 20 años. José Luis Ábalos, entonces edil socialista, acusó en 2009 al gobierno local del PP de “dirigir las condiciones del servicio a una empresa ” y denunció que el consistorio vinculara “la contratación de este servicio a la publicidad del mobiliario urbano”. La prestataria es JC Decaux.
“En el pliego de condiciones había pocos condicionantes a la empresa y pocas posibilidades de incidir y fiscalizar la gestión del servicio municipal”, se quejan desde el departamento de Giuseppe Grezzi. De hecho, y gracias a la complicidad entre la concejalía y la empresa, se ha podido cambiar el teléfono de atención a los usuarios para que así no le cueste dinero al ciudadano. Y se ha instado a la empresa para que ofrezca una mayor información del servicio en su página web. Hechos que antes no se reclamaron a la mercantil, pese a las molestias que ocasionaba a los usuarios.
“El precio se ha incrementado un 60% desde el principio. Y se ha hecho pese a que no estaba contemplado en el pliego de condiciones”, señalan las mismas fuentes. “La contrata era un traje a medida total y no se ha vigilado como se debía”, rematan. Las sorpresas del mandato de 24 de años de Barberá no cesan.