Para dar otro rumbo a la política cultural, la conselleria dirigida por Vicent Marzà necesita trasmitir la sensación que escándalos como el del Palau de les Arts o el del IVAM son parte del pasado. Y que la gestión cultural se aleja de la imagen de “clientelismo, injerencias políticas y ocurrencias” forjada en el imaginario exterior. Sin ello, su pretendida promoción del sector cultural no tendría efecto.
Con ese objetivo, Marzà junto al secretario autonómico de cultura y deporte, Albert Girona, y la directora general de cultura y patrimonio, Carmen Amoraga, ha presentado en el Teatro Principal de Valencia un código de buenas prácticas que evite comportamientos ahora investigados por los juzgados. “Se trata de dejar atrás la imagen tóxica que se tiene ahora”, ha reivindicado Amoraga. Todo, delante de la mayoría de los colectivos y asociaciones del sector que no han expresado crítica alguna –de momento- a este nuevo marco regulatorio.
El código cuenta con una serie de principios elementales basados, según la conselleria, en la ética, la transparencia, la eficiencia y la autoevaluación. Atendiendo a ellos, la selección de los directivos de los centros de referencia y otros organismos culturales se hará mediante procesos de concurrencia y publicidad. En palabras de Amoraga: “El objetivo es que los puestos lo ocupen los más idóneos y no los amigos como lo hacían antes”.
Los órganos que decidirán quien ocupe cada puesto de responsabilidad directiva estará formado de un 20 a un 33% por la administración, de un 20 a un 33% también por entidades de la sociedad civil (como Universidades, representantes del Consell Valencià de Cultura o sectores vinculados) y de un 33 a 50% por expertos –no se ha especificado quienes lo ocuparan-. Este comité de selección escogerá mediante criterios de “mérito y capacidad” al más indicado para asumir el puesto. Aspecto que también se tendrá en cuenta para dar las subvenciones. “Se acabó el dar ayudas a cambio de silencios. La cultura tiene que ser crítica, es su naturaleza”, ha afirmado Girona.
Los nuevos directivos –para evitar casos como el de la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar- se mantendrán en el cargo durante un periodo determinado, y solo se les podrá prorrogar una vez siempre y cuando cumplan con los objetivos fijados por el comité. Otro ente hará seguimiento de la gestión a partir del informe que tendrá que realizar cada responsable de forma trimestral. En caso de que la comisión de seguimiento observe que no se ha cumplido con lo dictaminado, se podrá destituir al directivo.
La aplicación de este reglamento, además, será de “forma inmediata, aunque se adaptará a los ritmos de las instituciones culturales que gestiona la Generalitat Valenciana”, ha anunciado Girona. Los organismos afectados serán el IVAM, CulturArts, el Palau de les Arts, el Museo San Pio V y el consorcio de museos. Contendores culturales que deberán regirse por tres órganos –un patronato/consejo rector, dirección y equipo técnico- y unos estatutos, reglamentos y contratos determinados que regulen sus funciones y competencias.
Un reglamento, asimismo, que no es nuevo, pese a estar adaptado al ámbito valenciano. Su elaboración bebe de otros patrones como el de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad o de los criterios de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de Servicios.
Atados por la herencia
Los tres máximos representantes de la gestión cultural del Consell no han perdido la ocasión para denunciar la herencia dejada por los anteriores gobiernos. Eso sí, han señalado que ésta no será óbice ni una excusa para llevar adelante su giro en las políticas culturales, “sino que las retrasará un poco”. Prueba de ello, según Marzà, son los convenios plurianuales que se han firmado y que “condicionan el presupuesto de la conselleria”.
También ha criticado el contrato adjudicado por el ejecutivo de Alberto Fabra del Palau de les Arts a pocos meses de los comicios autonómicos, y que ahora no pueden echar atrás por la cuantiosa indemnización que tendrían que abonar. Además, los tres responsables del área de cultura han criticado “los contratos blindados de alta dirección”, como los que tienen los jefes del Palau de les Arts, CulturArts o el IVAM, a imitación de otras empresa públicas de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, han separado respecto los tres casos. Mientras en el caso del director del IVAM, José Miguel García Cortés, parece ser diferente y se tendrá respeto por el proceso anterior, la intención en los otros dos casos es de substituirles. Pero sus contratos pueden ser un impedimento, como ha señalado Girona en el caso de CulturArts. De una posible rebaja de los sueldos de los máximos gestores culturales de estos organismos no han especificado nada.