“Hacer más con menos”. Es la fórmula que ha empleado la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, para explicar sus primeros presupuestos autonómicos. Las primeras cuentas públicas elaboradas por el Ejecutivo bipartito de PP y Vox incrementan el montante total y el llamado gasto real -el presupuesto no financiero-, esquivando así los previsibles recortes anticipados con el cambio de gobierno. Durante semanas, distintos miembros del Consell avanzaron que las cuentas serían “duras”, enfatizaron el contexto de austeridad económica y de “gasto superfluo”, mientras la orden de elaboración de la Conselleria de Hacienda marcaba una revisión de todas las partidas. El proyecto de presupuestos aprobado este lunes supone un total de 29.732 millones de euros, un 4,5% más que el anterior, con un gasto real de 22.670 millones, un 2,3% por encima del último del PSPV, Compromís y Unides Podem.
El Ejecutivo ha conseguido cuadrar unas cuentas aún más expansivas que las de sus antecesores de izquierdas, que hicieron gala año tras año durante ocho ejercicios de aumentar las partidas. Desde 2015 todos los presupuestos de la alianza del PSPV, Compromís y Unides Podem han sido los más sociales de la serie histórica, y el Consell del PP y Vox no iba a quedarse atrás. Lo han conseguido pese a renunciar a incorporar la partida de 1.350 millones de euros de la infrafinanciación, que siempre han criticado como “ficticia”, y pese a renunciar a una recaudación de 390 millones de euros de su reforma fiscal, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones a las rentas altas, según las estimaciones de la titular de Hacienda. En concreto, la recaudación cae a casi la mitad, con 180 millones de euros previstos.
¿Cómo se convierte entonces menos en más? De un modo similar al que lo hacían los anteriores gestores: confiando en las transferencias del Estado. No hay partida reivindicativa de la financiación autonómica, pero sí del gasto sanitario a los desplazados, el llamado 'foga', que son 926 millones de euros que el Consell ha reclamado formalmente al Ejecutivo central. El proyecto presupuestario estima que el Gobierno central proveerá de un 16% de recursos más a la Comunitat Valenciana que en el presente año, con 12.800 millones de euros del sistema de financiación y 2.700 de la liquidación del año 2022. Hasta la fecha, el Gobierno central ha abonado 9.635 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, frente a los 8.482 del año anterior. La previsión se basa en un informe de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), que estima una mejora de recursos para el conjunto de autonomías, además de contar con una mejor previsión de las reglas fiscales, que dan un margen del 0,1% del déficit.
La retórica siempre contiene grietas. Si bien es cierto que el global del presupuesto no se recorta, y que las consellerias que abarcan el gasto social tampoco descienden, sí lo hacen algunas partidas: en políticas de empleo, cambio climático, construcción de centros educativos, justicia gratuita o memoria democrática. También el sector público y la estructura de agencias que creó el Botànic, que se reduce en 300 millones de euros. “En cada conselleria se ha analizado de qué se podría prescindir para priorizar lo que es necesario”, ha afirmado Merino. El Consell ha evitado rebajar el presupuesto de la televisión pública, incluso lo eleva ligeramente: la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, el ente que gestiona la radiotelevisión pública valenciana À Punt, tendrá un millón de euros más, 84 millones en total. En servicios sociales, la renta valenciana de inclusión apenas crece un 0,6%, y la partida para vivienda se reduce un 15%, según han criticado PSPV y Compromís.
Las consellerias de Vox apenas gestionan un 4,4% del presupuesto global y son las que menos recursos tienen. La mayoría han visto mermadas sus competencias, desgajadas de otros departamentos, como es el caso de Cultura, si bien adquiere el rango de vicepresidencia primera. El departamento de Vicente Barrera tendrá un 5% de presupuesto menos, unos 12 millones de euros, mientras que Justicia reduce partidas como la prevención de incendios o la atención gratuita. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) tendrá 3,89 millones de euros durante el próximo ejercicio, unos 225.000 euros más que el año anterior. En este ejercicio se incluyen dentro de las líneas de ayudas de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte, dos subvenciones de 50.000 euros para las entidades Lo Rat Penat y la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).
Incertidumbre en las previsiones
El Ejecutivo de PP y Vox ha tenido que hacer el presupuesto casi a ciegas, como han comentado en más de una ocasión, dado que no cuentan con respuesta del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico culpa de esa incertidumbre al Ministerio de Hacienda, que aún no ha enviado a las autonomías las previsiones económicas para poder realizar las cuentas públicas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado especialmente severo y ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté “más pendiente de perdonar a Puigdemont que de ayudarnos a las comunidades a mantener y a sostener y a reforzar los servicios sociales, la educación, la igualdad, la sanidad”.
Al escenario de incertidumbre se suma la reducción de Fondos Europeos, que pasan de 1.164 millones de euros en 2023 a 530 millones en 2024, casi la mitad. Además, el presupuesto contempla 1.341 millones del capítulo de la deuda, que pasa de 6.607 millones en el presupuesto inicial de 2023 a un total de 7.948 millones entre vencimientos de deuda e intereses.
Recorte de inversiones
El otro pilar que sustenta el crecimiento son los remanentes de las inversiones no ejecutadas el pasado año. El proyecto de ley aprobado este lunes permite que las consellerias utilicen las partidas que no se han ejecutado, que, a fecha de septiembre cifran en 1.200 millones de euros. El capítulo de inversiones, uno de los que se ve mermados, refleja una cifra similar en sus estimaciones para 2024, algo que, si no varía, mermará la capacidad de realizar proyectos para el año 2025.
Según la titular de Hacienda, la baja ejecución de los fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia -los fondos europeos que transfiere el Gobierno central- se ha traducido en “un mayor potencial de inversión” para algunos departamentos respecto a lo que refleja el presupuesto inicial. Cuando se produzca la liquidación del ejercicio 2023, previsiblemente en febrero del próximo año, esas cantidades pendientes se incorporarán al presupuesto de 2024, ha indicado, recordando que pueden gastarse hasta 2026.
En materia de inversiones las cuentas prevén un descenso del 18% con 1.228 millones de euros (250 millones menos de los previsto para este ejercicio), un hecho al que el Consell quita hierro, asegurando que lo importante es la ejecución de la inversión. “De nada sirve presupuestar cantidades ingentes y quedarse en el 10% de la ejecución. Esto no es gestionar y genera frustración”, ha subrayado la titular de Hacienda. Se mantienen inversiones estratégicas como 7 millones de euros para Ford (4 menos que el ejercicio anterior) y 3 millones para PowerCo, la empresa de la gigafactoría de baterías de Sagunto.
En materia de Sanidad, una de las grandes partidas a las que se dedica gran parte de la inversión espoleada por los fondos europeos, se destinarán 331,6 millones de euros para el año que viene, frente a los 412,3 millones del presente ejercicio. El total presupuestado de la Conselleria de Sanidad es de 8.504 millones de euros, el mayor hasta la fecha, con la creación de una dirección general de Atención Primaria y 20 millones de euros más en salud mental. En este departamento las partidas presupuestadas se concentran en el ejercicio 2024, quedando a cero los años 2025, 2026 y 2027, algo poco habitual.
Las partidas más importantes se las llevan el nuevo hospital de Ontinyent (10,7 millones), el centro de salud y especialidades de Campanar en València (9,9 millones), la ampliación del hospital Clínico de València (41,2 millones), las reformas de los centros de atención especializada de la Marina Baixa (24,2 millones) y de Elche (14,9 millones) o la ampliación del hospital de Orihuela (26,4 millones).
En cuanto a emergencia climática y transición ecológica se ejecuta un importante tijeretazo al pasar las inversiones de los 20 millones del presente ejercicio a los 5 millones previstos para el 2024.