La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal contra Iberdrola a raíz de la denuncia presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) por la electrocución de un ejemplar de águila pescadora el pasado 28 de enero en una línea eléctrica de su propiedad, dentro del Parque Natural de l'Albufera de València.
El águila pescadora es una especie incluida en los catálogos valenciano y español de especies amenazadas en la categoría “vulnerable” y en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está declarada para España como especie en peligro crítico de extinción y está extinguida como especie reproductora en la Comunitat Valenciana desde los años 80, siendo objeto de un programa de reintroducción del que formaba parte “Marina”, un ejemplar liberado en junio de 2019 junto a otras tres en la Marjal de Pego-Oliva.
Cada invierno visitan el territorio valenciano una media de 9'6 águilas pescadoras procedentes de Europa del norte y en los últimos 21 años se han descubierto 9 ejemplares electrocutados que, según las estimaciones, representan el 15% de las electrocuciones reales. Es decir, el sindicato calcula que se habrían electrocutado unos 60 ejemplares en este periodo -cada año se electrocutan, de media, 3 águilas pescadoras-.
Esta mortalidad del 31% anual explicaría, según CGT, la extinción de esta especie como reproductora en tierras valencianas, que aseguran “se ha convertido en una trampa mortal para la especie y señala claramente a las compañías eléctricas como principales responsables”.
Además, insisten en que la electrocución se ha producido en l'Albufera de València, espacio natural con las figuras de protección de mayor rango de la Comunitat Valenciana: Parque Natural, humedal Ramsar de importancia internacional, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA) y zona de protección para la avifauna contra la electrocución. Sin embargo, “en su ámbito muchos de sus postes eléctricos todavía no disponen de las medidas anti-electrocución obligatorias”.
Según datos oficiales facilitados por la CGT, en España mueren electrocutadas alrededor de 33.000 aves rapaces al año, 1.000 de ellas en la Comunitat Valenciana. Por ello, “la legislación obliga a las compañías eléctricas a establecer medidas de protección contra la electrocución de aves y es obligación de la Generalitat Valenciana hacer que esta legislación se cumpla, especialmente en aquellos lugares que ha declarado de protección por su relevancia para las aves”.
La muerte de ‘Marina’, sostienen: “no es un caso aislado, ni un accidente inevitable, sino un caso claro de negligencia, ya que la línea eléctrica causante de la muerte fue declarada de alta peligrosidad para las aves por la Generalitat en 2017, comunicándole a su titular la obligación que tenía de corregirla”.
Ante este suceso, “en vez de instruir un expediente sancionador, representantes de la conselleria competente en medio ambiente se reunieron al día siguiente con Iberdrola para acordar la corrección inmediata de 90 postes eléctricos, de los cientos que ya hace años que la empresa tenía obligación de haber corregido en l'Albufera”.
Desde CGT denuncian que Iberdrola “continúa electrocutando aves debido al retraso de años en la corrección, obligatoria por ley, de sus líneas eléctricas, incumplimiento posible gracias a la inacción de la Generalitat Valenciana, que consiente -como tantas Administraciones Públicas- el lavado de imagen de la multinacional firmando convenios de colaboración en vez de exigir las inversiones necesarias para evitar la mortandad de aves protegidas”.
Además, apuntan que el Defensor del Pueblo ha advertido recientemente en su informe anual de la pasividad de las Administraciones en obligar a adecuar las líneas eléctricas de alta tensión para evitar la muerte de aves por electrocución y ha observado “graves demoras” (hasta 10 años) en la aplicación de la norma, que daba un año de plazo para acometerse. “Eso sí, advertencias y recomendaciones sin carácter vinculante, que tanto Iberdrola como las Administraciones siguen ignorando, sin que nada ocurra”.
CGT considera “inaceptable” que Iberdrola, “una multinacional con unos beneficios de 3.406 millones de euros en 2019 (un 13% más que el año anterior) y que nos tiene acostumbrados a grandes campañas de publicidad exaltando su ‘energía verde’ y sus supuestas acciones por el medio ambiente, mantenga líneas eléctricas precarias que causan la muerte de miles de aves protegidas, generando graves daños al medio ambiente”.
El sindicato recuerda que Iberdrola “es capaz de recurrir a las cloacas del estado para neutralizar a aquellos que no puede comprar, como les pasó a los representantes de CGT en la Central Nuclear de Cofrentes y a sus familias, que fueron supuestamente espiados y acosados a instancias de la empresa por el encarcelado excomisario Villarejo y sus secuaces”.
CGT “ante tanta hipocresía, burla y muestras de corrupción sistémica que libra de sus responsabilidades y beneficia descaradamente a las poderosas multinacionales, con la complicidad de una Administración que está a su servicio” ha optado por acudir a la vía judicial penal “con la ilusión utópica de que la Justicia cumpla su función”.
En la denuncia penal de CGT, que ha motivado el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, el sindicato acusa a Iberdrola, como propietaria de la línea eléctrica que ha provocado la electrocución de un ave protegida, de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y relativos a la protección de la fauna.