El acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y los acuerdos de reconstrucción tras la pandemia han puesto el foco en la necesidad de cambiar el modelo productivo y energético para paliar los efectos del cambio climático. Los objetivos de descarbonización de la Unión Europea asumidos por el Gobierno de España y las comunidades autónomas exigen una transformación del tejido industrial, de las formas de consumo energético y la implantación de energías limpias o renovables como la fotovoltaica. En paralelo, con el precio de los suministros eléctricos batiendo cifras récord diarias, las grandes energéticas amenazan al Gobierno central con cerrar algunas plantas nucleares si el Ejecutivo interviene sus beneficios extraordinarios para compensar la factura de los ciudadanos.
En este contexto de cambio climático y presiones del oligopolio eléctrico, las administraciones valencianas han acelerado algunos planes de transición energética y de avances en lo que se denomina “democratización energética”: que los suministros básicos no dependan de grandes empresas sino que los servicios públicos y los propios ciudadanos ejerzan de motor. La Conselleria de Transición Ecológica, que dirige Mireia Mollà, ha organizado diversos foros con municipios para impulsar redes de autoconsumo aprovechando los edificios municipales y presentó diversos proyectos al ministerio homónimo para acelerar la trasformación del modelo. Entre ellos, la creación de una red de municipios que fomenten el autoconsumo en edificios públicos y las comunidades energéticas, un modelo cooperativo y colaborativo de gestión y producción de energía.
Este miércoles, el departamento que dirige Mireia Mollà reunía a los 250 alcaldes que han manifestado su interés en sumarse a la red, ya que el Gobierno central ha autorizado a través de los fondos europeos una partida de 17 millones de euros para arrancar la implantación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales. Con otros tres millones de euros de inversión del Gobierno autonómico, Transición Ecológica pretende impulsar el modelo alternativo en los municipios, en vistas a poder crear una red autonómica con los excedentes energéticos.
La primera fase del plan busca la producción de energía para el autoconsumo, que implicaría cerca de un 25% del total del consumo eléctrico actual a través de la instalación de placas fotovoltaicas en los techos de los edificios municipales. Los 20 millones de euros en fondos públicos se destinarán a hacer un acompañamiento a los municipios implicados, con estudios técnicos, informes de viabilidad y la financiación de parte de la instalación. La ley valenciana de cambio climático, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado agosto, establece una reducción de al menos un 40% de las emisiones de CO2 antes de 2030 y el objetivo de alcanzar el 100% de energías limpias en 2050. Los objetivos climáticos del Gobierno autonómico implican que se debe llegar a una producción de 6.000 megavatios de energía fotovoltaica en los próximos años.
Aunque es pronto para calcular qué impacto puede tener en la factura municipal y en el consumo energético, la experiencia en grandes municipios apunta a un ahorro notable. En la ciudad de València, la instalación de pérgolas fotovoltaicas y paneles en edificios públicos y escuelas municipales supone un descenso del 30% de los costes energéticos para la ciudad, con un ahorro anual de seis millones de euros.
La consellera de Transición Ecológica ha explicado a los alcaldes que la iniciativa es el germen de las comunidades energéticas locales a las que podrán sumarse los vecinos, vecinas y empresas de la localidad. En el caso del vecindario, la población interesada puede integrarse voluntariamente en la comunidad energética, obteniendo así electricidad para sus hogares, mientras que en el caso de los polígonos industriales pueden participar del autoconsumo colectivo ofreciendo sus tejados para la instalación fotovoltaica. “El plan es un punto de inflexión en la instalación generalizada de energía renovable y apuntala el desarrollo de la producción de energía distribuida, participativa, de proximidad, sostenible y pública”, ha señalado la consellera, que ha subrayado que los planes “son una oportunidad y ofrecen una respuesta viable y estructural a la emergencia climática y a la escalada de precios impuesta por el mercado eléctrico”.
La secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón y el director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco, han indicado que la estrategia quiere potenciar “un nuevo modelo de acceso colectivo a la energia renovable, bien sea para el autoconsumo o para volcar la energía a la red”. Las ayudas, de hasta 750.000 euros por municipio, “incentivan a los municipios despoblados que pueden ser beneficiarios de hasta el 90% de la inversión”, ha añadido Fresco.