“Crimen de lesa patria”: la represión franquista en la posguerra persiguió incluso a masones fallecidos en el siglo XIX

El historiador Vicent Sampedro (Sao Paulo, 1962) observa horrorizado el regreso de los mitos franquistas sobre la masonería en las manifestaciones negacionistas de la COVID-19. “Vuelve la conspiranoia de los poderes ocultos que manejan el mundo”, lamenta Sampedro, autor de Inhabilitación absoluta y perpetua. La represión franquista contra los masones de Castelló (UJI, 2020). El investigador, la mayor autoridad sobre la persecución del régimen del general Franco a los masones valencianos, explica que “la masonería era todo el conglomerado que la sublevación odiaba”. Su último libro, recién editado por la Universitat Jaume I, se centra en la represión de la masonería de Castelló, que, pese a su práctica desaparición, seguía muy presente para las nuevas autoridades franquistas.

La masonería obsesionó a todos los sectores del franquismo y a la Iglesia Católica. En la posguerra, proliferaron personajes como el presbítero Juan Tusquets, quien consideraba la pertenencia a las logias un “crimen de lesa patria”, o el escritor y comisario de la Brigada Político Social Julián Carlavilla, nazi convencido y fabulador profesional que veía masones hasta en la sopa (hacia el final de su vida, según el historiador Jordi Canal, Tusquets reconoció que Carlavilla inventaba aún más que su amigo Eduardo Comín Colomer, otro policía y escritor al servicio de la propaganda franquista). La persecución de las logias llegó a las zonas más remotas de la España franquista y contó con la colaboración de la Gestapo alemana, tal como desveló este diario.

La huella de la masonería en Castelló durante el siglo XX se limitaba a dos núcleos en Nules y Vila-real, organizados desde València (y un triángulo en Torreblanca, con una incidencia aún menor, organizado desde Barcelona) aunque, en los tres procesos electorales de la etapa republicana, hubo presencia de masones o antiguos masones entre los diputados elegidos en el Congreso. “Ninguno de los antiguos masones de Castelló del siglo XIX hizo nada por volver a crear una estructura masónica en la provincia. (...) Sin embargo, la represión franquista los uniría a todos, a los del siglo XIX y a los del siglo XX, afectando incluso a octogenarios o a antiguos masones que llevaban décadas fallecidos porque, en este caso, de modo perverso, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, no hizo distinciones”, escribe Sampedro.

La línea que separaba la realidad de la ficción era tan delgada que en la Causa General franquista aparece una relación de masones castellonenses que realmente lo eran y personas que nada tenían que ver con la orden. El franquismo, siguiendo los consejos de sus homólogos alemanes, creó un gran archivo de la represión, localizado en Salamanca y “con una estructura muy parecida a la inquisitorial”, según Sampedro. El archivo, hoy bautizado como Centro Documental de la Memoria Histórica, almacena la documentación que las nuevas autoridades franquistas, pilotadas por el carlista Marcelino de Ulibarri, fueron requisando en cada ciudad que ocuparon durante la contienda.

Sampedro localizó una larga lista de solicitudes de antecedentes masónicos de maestros y profesores castellonenses dirigida a Salamanca, lo que da “una idea del clima que se vivía en los primeros años de la posguerra y de la cantidad de informes y antecedentes que se solicitaron a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos durante esos años, y en los que los gobernadores civiles franquistas jugaron un papel muy destacado en ese ámbito represivo”, explica el investigador.

El historiador ha consultado numerosas peticiones de información a Marcelino de Ulibarri por parte de jerarcas locales del régimen sobre sus enemigos en las filas del propio franquismo. “Se utiliza siempre la masonería en las luchas internas del franquismo y las respuestas a las solicitudes, en la mayoría de los casos, eran negativas”, cuenta Sampedro por teléfono a elDiario.es. “La mayor parte de la cúpula falangista tiene un expediente”, recuerda.  

La mecánica represiva en Castelló, a pesar de la poca presencia de masones, se activó desde la entrada de las tropas franquistas. “Tras la condena por la jurisdicción militar, se comunicaban las actuaciones al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que abría expediente para que además de la pena de vida o cárcel, el condenado tuviera una condena económica que nutriera las arcas del nuevo Estado dejándoles en la miseria a él o a su familia, pues las sanciones económicas debían ser resarcidas por los herederos, en caso de que el condenado hubiera fallecido”, escribe Vicente Sampedro, quien en el libro cita varios casos, como el del masón que se exilió y cuya mujer, de la cual estaba prácticamente separado, tuvo de sufragar la multa impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

El libro de Sampedro traza las valiosas biografías de los masones castellonenses y recupera, en muchos casos, sus fotos. Además, la obra contiene un impresionante anexo con la documentación saqueada por los subordinados de Marcelino de Ulibarri y que incluye la ficha policial de la Dirección General de Seguridad del dirigente republicano Vicente Marco Miranda, periodista, masón de grado 33 y “peligrosísimo” a ojos del régimen. El historiador completa así la larga investigación —lleva décadas visitando archivos y consultando fuentes orales— sobre la represión de los masones valencianos, supuestos autores de “crímenes de lesa patria” (aun después de muertos).