Los militares jubilados y sus familias residentes en un recinto situado en terrenos del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en la Base Jaime I de Bétera (Valencia) llevan años resistiéndose a desconectarse del suministro ilegal de agua de los pozos pertenecientes al Ministerio de Defensa, del que disfrutan gratis total.
La presencia militar a los pies del parque natural de la Sierra Calderona, con la cercana base de Marines, siempre ha pesado en el fenomenal paisaje en esta zona, localizada a pocos kilómetros de Valencia y convertida en uno de los puntos estratégicos de la OTAN.
Sin embargo, los mandos jubilados residentes en el Poblado Militar han perdido la batalla (jurídica) contra la decisión de los ministerios de Defensa y de Transición Ecológica de obligarles a desconectar el suministro ilegal de agua de los dos pozos de la base a sus viviendas y pagar, como cualquier vecino civil, la concesión de la red municipal.
El Poblado Militar es un singular espacio que alberga viviendas de una sola planta a modo de pequeña ciudad jardín para dos centenares de mandos jubilados
El Poblado Militar, situado en la zona oeste de la base y separado por la carretera que une Bétera y Olocau, es un singular espacio que alberga viviendas de una sola planta a modo de pequeña ciudad jardín para dos centenares de mandos jubilados. Durante más de dos décadas llegó a contar con una escuela para los hijos de los militares y una iglesia preside la plaza del poblado.
Los militares jubilados se abastecían de agua históricamente de los pozos de la base. En 1995, ante la escasez de agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorizó la legalización de un nuevo pozo en el recinto militar a la espera de la concesión definitiva, incluyendo inicialmente al Poblado Militar. Sin embargo, cuatro años más tarde, el entonces Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) del Ministerio de Defensa cambió el régimen jurídico de las casas de los militares jubilados, obligándoles a conectarse a la red pública de abastecimiento.
El suministro de agua a los pabellones de viviendas militares dejó de depender de la base de Bétera pero la asociación vecinal que representa a los uniformados jubilados recurrió en los tribunales las resoluciones del Invifas (actualmente denominado Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa). Tras un recurso hace cuatro años contra la decisión de retirar los contadores para cortar el agua, los militares jubilados consiguieron paralizar el procedimiento, alargando así el abastecimiento gratis.
En 2018, la CHJ dictó una resolución que cancelaba el suministro de agua a los pabellones de viviendas. El Ayuntamiento de Bétera adjudicó a una comunidad de regantes el contrato para la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua potable en las partidas donde se ubica el Poblado Militar, obligando así a los mandos jubilados a formalizar un contrato individual con la sociedad concesionaria.
Los militares se niegan a pagar un “precio abusivo”
Tras concluir las obras y las conducciones para el abastecimiento, los insumisos hídricos se negaron a suscribir los contratos con la concesionaria alegando que se trataba de un “precio abusivo”. La asociación recurrió la resolución de la CHJ y solicitó que se incluyera al Poblado Militar como usuario de la toma de los pozos de la base, ahorrándose así el abono del suministro público de agua.
Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado el recurso, en una sentencia que no es firme y que impone las costas a la asociación de vecinos. La resolución concluye que se trata de una “situación que permanecía en la ilegalidad”.
Ni la asociación ni los propios usuarios de las viviendas del Poblado Militar “en momento alguno tuvieron ni adquirieron la condición de titulares del aprovechamiento originario”, arguye el TSJ-CV. “Eran meros beneficiarios de facto del aprovechamiento concedido a favor de la base militar y en nombre del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra”, agrega la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La Abogacía del Estado, en representación de los ministerios de Defensa y de Transición Ecológica, argumentaba que la situación que planteaba la asociación “no se corresponde con la realidad” y aludía a la trayectoria de la base militar de Bétera, que ha pasado de una de las principales plazas del Ejército franquista en la posguerra a sede de alta disponibilidad de la OTAN.
“No tiene que ver jurídica ni realmente la situación del año 1940 con la actual”, afirma la Abogacía del Estado, que recuerda que “hay otras formas de suministro de aguas” y reprocha que los militares jubilados intentan “mantener una situación ilegal”. “No pueden pretender que el agua sea gratis”, remacha.