La campaña electoral ha traducido el goteo de polémicas vinculadas al alcalde de Gandía, Arturo Torró, de habituales a diarias. A las acontecidas durante esta semana, se le suma ahora nuevos detalles sobre uno de los asuntos más graves que le sobrevuelan: la adjudicación de Tele 7.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la cantidad que percibían las dos adjudicatarias del contrato de prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva de Gandía no era de 3 millones. Una prórroga del contrato otorgado por 3 años, elevaba la cuantía de la concesión a 4 millones de euros más. En total, 7 millones entre las dos beneficiarias. Prórroga que, según las fuentes consultadas, ya estaría en marcha al haberse terminado los 3 años de contrato que establecía el pliego de condiciones.
La licitación realizada por el Ayuntamiento de Gandía tras cerrar la televisión pública, tuvo dos beneficiarias para los dos lotes que se adjudicaban. La primera empresa agraciada fue Comarques Centrals Televisió S. L., propiedad de un empresario cercano al aún presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, según publicó El País. La otra beneficiaria fue Inversiones Especiales Mediterráneo S. L, que emite con la marca de Tele 7. Ambas empresas fueron las únicas en presentarse a un concurso realizado a través de un procedimiento de invitación.
La propiedad de esta última mercantil, tal como relevó el grupo municipal socialista, residía en José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el alcalde. Sin embargo, tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro de Torró, ya que este sería el verdadero dueño de la empresa.
Pero, la documentación relativa al pliego de condiciones no se queda ahí. Revela otros hechos. De esos papeles, se desprende que Cristina Serrano, entonces jefa del servicio de actividades empresariales de la mercantil pública Iniciatives Públiques de Gandía S. L., sería quién habría valorado el contenido de las ofertas presentadas por las empresas que optaban a hacerse con la concesión. De esta técnico municipal se desconocerían supuestamente sus conocimientos en este ámbito.
Serrano, ex asesora del departamento de economía y hacienda del consistorio, estuvo salpicada por la Gürtel y fue alto cargo de la conselleria de medio ambiente durante los mandatos de los ex consellers Rafael Blasco –condenado por desviar fondos de cooperación-, Esteban González Pons y Juan Cotino –imputado en Gürtel-. Además, la reforma de su despacho con dinero de la caja fija de la Generalitat mientras trabajaba en la conselleria, junto a que supuestamente cargó regalos y otros objetos al erario público, ha hecho que la polémica siempre le aceche.
Otro de los técnicos bajo polémica que firmó la licitación es Daniel Furió Moncho. Ex gerente de la mercantil pública, es hijo de la edil popular Lola Moncho y cargo de confianza de Torró, según criticó la oposición. La regidora habría compartido negocios con el propio alcalde popular.
Según publicó en su día la revista local Gente de Safor, los dos compartieron la propiedad de un solar que también generó controversia. Los dos ediles entonces en la oposición, no indicaron la pertenencia de ese terreno al ayuntamiento, quién lo tramitaba en el plan parcial. Ambos tampoco se abstuvieron de votar el acuerdo en el pleno municipal. La adjudicación de Tele 7 sigue deparando sorpresas.