El alcalde de Gandía, Arturo Torró, hace oídos sordos a las críticas de las asociaciones de inmigrantes, la oposición y la mismísima Defensora del Pueblo para sostener su peculiar política de empadronamiento de extranjeros: el ayuntamiento envía a la Policía Nacional los datos de los ciudadanos de fuera de la UE que quieren vivir en la ciudad por razones de “seguridad”.
Esta política restrictiva, casi disuasoria contra la inmigración, es una rareza en la Comunitat Valenciana. Apenas la han aplicado, de una manera u otra, un puñado de municipios en España –Salt (Girona), Torrejón de Ardoz (Madrid) o Vic (Barcelona) y hace una interpretación retorcida de la ley o directamente va contra su espíritu, dice el PSPV.
La normativa que rige el padrón municipal, aprobada en 1997 con Mariano Rajoy al frente del Ministerio de Administraciones Públicas, es clara. “En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior”.
Sin embargo, Torró, desde 2012, no empadrona a ningún extracomunitario sin antes comprobar sus datos a través de la Policía Nacional. Según las asociaciones de inmigrantes, muchos extranjeros sin papeles en regla, desisten por miedo a ser detenidos y, eventualmente, deportados. Al carecer de empadronamiento, carecen de sanidad o acceso a los servicios sociales.
Ricard Moncho, secretario de integración del PSPV-PSOE de Gandia, lo tiene claro. “El PP sigue tratando a los inmigrantes como presuntos delicuentes. El alcalde de Gandia, debe respetar la legislación vigente independientemente de sus planteamientos ideológicos y su nula sensibilidad ante uno de los colectivos más indefensos de la sociedad”.
Torró, sin embargo, no rectificará. “Tenemos que saber quién y a qué viene a Gandia, y tenemos que saberlo por un tema de seguridad que es lo único que me preocupa porque uno de mis cometidos como alcalde es velar por la seguridad de los ciudadanos de Gandia y así debería ser para todos”, acaba de decir. Su coordinador de seguridad ciudadana, Javier Reig, aportó datos atribuidos a la Policía que vendrían, en su opinión, la obsesión con la seguridad de Torró.
De los 187 expedientes de ciudadanos comprobados por la policía entre mayo de 2012 hasta ahora, “solo un 8% tenía documentación legal; el 39% no vivía en los domicilios que figuraba en la documentación, el 12% sí vivía en los domicilios que figuraba en la documentación pero estaban en España en situación ilegal; el 12% tenía orden de expulsión antes de su llegada a Gandia y el 29% estaba en Gandia con motivo de vacaciones o por invitación”.
Más munición para el PP de Gandia, que incluso ha ignorado las recomendaciones de Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo. Ésta, alertada del caso por una queja, sugirió al ayuntamiento que anulara el trámite policial por innecesario. Torró –el ayuntamiento- se dio simplemente por enterado.