La Delegación de Gobierno ha abierto expediente sancionador por “ocupación de inmueble” según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana a 11 de las personas que participaron el pasado 7 de mayo en la acción directa no violenta contra la nueva visita al puerto de Sagunt de uno de los barcos saudís encargados del transporte de armamento desde EEUU y Europa susceptible de ser empleado por Arabia Saudí y sus aliados, acusados de cometer crímenes de guerra en la catastrófica guerra del Yemen.
Miembros de Marfull-Acció Ecologista Agró y de Antimilitaristes-MOC accedieron al Alto Horno monumental, anexo al recinto portuario, para desplegar una pancarta gigante en la que se podía leer “STOP Barcos de la muerte”. Con todo, los colectivos señalan que la acción “se desarrolló con tranquilidad y sin incidentes”. No obstante las propuestas de multas son de 400 euros, con una multa de 600 euros por desobediencia, a uno de los activistas que se encontraban en el exterior del monumento por traspasar el cordón policial para recuperar el trípode de una periodista que cubría la acción.
Poco antes de la llegada de estas denuncias de la Policía Nacional, el grupo de ecopacifistas había conseguido el archivo de otras 10 propuestas de sanción por la misma acción, procedentes del Ayuntamiento de Sagunt, por una cuantía total de 2.000 euros por infracciones graves de las Ordenanzas Municipales que prohíben la colocación de carteles o pancartas en edificios públicos, el Ayuntamiento de Sagunt ha tenido que archivar en fechas recientes los expedientes sancionadores.
Pero esta “represión por la vía administrativa” o “buro-represión” -según la califican estos colectivos- “lleva ya varios años intentando asfixiar la protesta ciudadana contra el comercio de armas y el uso del puerto de Sagunt que llevan a cabo Marfull y Antimilitaristes-MOC mediante la desobediencia civil y la acción directa noviolenta”.
Ya el 10 de diciembre de 2019, miembros de ambos colectivos se introdujeron en el recinto portuario de Sagunt de madrugada coincidiendo con la escala de uno de los barcos de la naviera estatal saudí Bahri, por las “altas probabilidades” de que transportara armamento procedente de EEUU “y posiblemente cargaba munición de artillería en Sagunt”. Por esta acción, “sorprendentemente fue la Autoridad Portuaria de València la denunciante y aplicó contra el grupo de activistas el preconstitucional reglamento sancionador de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante pocos días antes del plazo de prescripción de estos hechos”. Entonces el montante de las multas ascendió a 3.000 euros, ya pagadas pero recurridas y en espera de resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV que, lamentan, “se demora prácticamente 4 años”.
Los antimilitaristas consideran que estas multas son “represión” y que “contrastan con el apoyo y reconocimiento social que han recibido estas acciones de Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC, dos pequeñas organizaciones cuyos recursos provienen fundamentalmente de las aportaciones personales de socios y simpatizantes, para las que este rosario de multas está suponiendo un fuerte impacto”.
Por ello estos colectivos explican que “para hacer frente a este repetido uso de la Ley Mordaza para acallar la acción ciudadana no violenta y desobediente y poder seguir actuando, Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC” hacen un llamamiento a la solidaridad tanto a los sectores sociales que se oponen a la Ley Mordaza como a la mayoría social que rechaza la guerra y sus preparativos, mayoría a la que creen que representan y dan voz estas acciones.