El vicealcalde de Castellón Enric Nomdedéu declaró el miércoles como testigo en el juicio de la depuradora de Borriol. Aseguró que tanto Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón, como Adelino Santamaría exalcalde de Borriol, sabían que una de las parcelas afectadas por las obras era propiedad de una empresa de Martínez, informa EFE. Esta afirmación contribuiría a desmontar la línea de defensa de los dos acusados, que han afirmado en días anteriores desconocer que existía tal conflicto de intereses.
Nomdedéu ha hecho estas manifestaciones en la quinta sesión del juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal solicita para Martínez cuatro años de prisión por intentar, presuntamente, beneficiarse de la construcción de una depuradora a través de la compra de terrenos y la posterior inclusión de estos en el proyecto. Se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas. Con él comparten banquillo sus hijos, Santamaría, su socio Raúl Babiloni y un empleado de éste último.
Nomdedéu ha explicado que Martínez “conocía perfectamente” el proyecto de la depuradora -que afectaba a una parcela de la empresa de la que era socio junto a sus hijos, Franvaltur- porque “las comisiones que presidía se celebraban después de una reunión con los técnicos para prepararlas”. Del mismo modo ha destacado que Adelino Santanaría también tenía conocimiento del proyecto porque “es imposible que el alcalde no conozca la propiedad de los terrenos en los que se iba a construir la mayor inversión en muchos años en el municipio”.
Una operación para “enriquecerse personalmente”
Cuando ha concluido su declaración, Nomdedéu ha explicado ante la prensa que el caso de la depuradora ha sido “una operación hecha para enriquecerse personalmente a costa de los intereses comunes del pueblo de Borriol” y ha considerado que esto es “una indecencia política y reviste carácter delictivo”.
En la sesión de hoy ha declarado como testigo el actual alcalde de Borriol, Silverio Tena, que en 2014 era portavoz del grupo Compromís en el municipio y que denunció los hechos enjuiciados. En su intervención ha explicado que la aprobación de la expropiación en el pleno se hizo “con carácter de urgencia” y además a un “precio demasiado alto”.
Hoy ha declarado también Ignacio Sangüesa, técnico de la Diputación, que inicialmente fue imputado en la causa y cuyo procesamiento quedó finalmente desestimado por la Audiencia Provincial. Este funcionario ha explicado que la inclusión de la parcela 42 en los terrenos a expropiar fue “adecuada” ya que la superficie a expropiar se determinaba por el municipio; de modo que la Diputación, ha agregado, “desconocía la titularidad de los terrenos”.