Un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, denunció el pasado lunes en el juzgado que cuatro policías le dieron una paliza tras pedir asistencia sanitaria porque sentía un fuerte dolor en una de sus muelas. Tal y como han informado desde la plataforma CIEs NO, el incidente tuvo lugar en la noche del miércoles o jueves de la pasada semana -el joven no recuerda la fecha con precisión-, después de que el interno pulsara el timbre de la celda para avisar a la policía mientras “gritaba de dolor” y reclamaba atención sanitaria para su muela.
Pasados unos minutos, el interno explicó que cuatro policías entraron con “actitud violenta” y uno de ellos le tiró al suelo de un empujón -siempre según la denuncia-. Posteriormente, prosigue, “comenzaron a golpearme, dándome patadas en el cuerpo” y, pese a tratar de protegerse, sostiene que uno de los agentes le dio una fuerte patada en la cabeza que le alcanzó el ojo. El informe médico de la exploración que le realizaron al día siguiente constató “múltiples excoriaciones superficiales longitudinales en tórax y miembro superior izquierdo” y “hematoma peritorbitario izquierdo”.
Tras la agresión, que según afirma fue presenciada por los compañeros de celda, los policías le “agarraron fuertemente y, con las manos inmovilizadas detrás de la espalda”, le sacaron de la celda. A “empujones” le trasladaron al piso inferior donde le encerraron durante una hora en una habitación, según relata, y durante ese tiempo asegura que sufrió fuertes dolores por los golpes que había recibido. Insiste en que no recibió asistencia sanitaria y que los agentes se negaron a darle agua. Además, dice que vio “cómo los policías se reían” a través de la ventana del cuarto.
Esta situación le provocó un “fuerte estrés, ansiedad y frustración” y “tal grado de desesperación” que se autoinfligió una serie de cortes en el cuerpo “con un metal que pudo extraer de la persiana”.
Al día siguiente le llevaron a un centro médico, donde le fueron recetados distintos medicamentos que debía tomar cada ocho horas, aunque según consta en el escrito de la denuncia no recibió ninguno de ellos hasta el lunes 25 de julio.
La víctima solicita al juez que se aporten las grabaciones de las cámaras del CIE, la identificación de los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos, que se tome testimonio a los testigos -presentes en la celda durante la agresión- y que le explore el médico forense. De igual modo, considera al Estado -al estar privado de libertad y bajo su custodia- de “responsable indirecto de la agresión”, por lo que considera que no puede autorizar su expulsión “porque se estaría protegiendo a sí mismo”, por lo que reclama que se suspenda su expulsión, “debiendo prevalecer mi condición de víctima hasta tanto se esclarezcan los hechos”.
La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones también exige que se paralice su expulsión mientras se investiga lo ocurrido, se determinan las responsabilidades directas e indirectas y se castiga a los culpables.
“Exigimos que no vuelva a suceder lo mismo que en anteriores casos de presuntas agresiones policiales en el CIE: quedan en la impunidad porque se actúa con diligencia para expulsar a la víctima, pero no se tiene la misma premura en investigar la denuncia y acaba siendo archivada por ausencia del interesado”, expone.
El senador de Compromís Carles Mulet ha presentado una batería de preguntas en la Cámara Alta dirigidas al Gobierno sobre esta cuestión. El parlamentario valencianista pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para depurar responsabilidades; si ha identificado a los agentes que pudieron haber participado en los hechos; sobre las medidas a adoptar para evitar que se repitan estos hechos; acerca de qué va a hacer el Gobierno para dar servicio de asistencia psicológica en estos casos; y por último, se cuestiona por qué se mantienen abiertos los centros de internamiento de extranjeros.
Sin protocolo de prevención de suicidios
Las circunstancias de este nuevo caso de denuncia de agresión, aseguran desde CIEs NO, guardan estrecha relación con las deficiencias de funcionamiento detectadas en el reciente informe sobre Zapadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo. El documento recoge las conclusiones de la última visita a este CIE realizada por personal técnico del MNP el 18 de noviembre de 2021.
Más de dos años después del suicidio en Zapadores de Marouane Abouobaida, “no existe un Protocolo de Prevención del Suicidio propiamente dicho, ni una valoración específica del estado de salud mental o afectación emocional por el internamiento en el CIE, así como tampoco se valora el riesgo suicida, ni siquiera la historia clínica tiene un apartado para la exploración psicopatológica”, se afirma en el informe. Así, recuerdan que el denunciante de esta última agresión reconoció que mientras permaneció aislado en una habitación tuvo “pensamientos suicidas” y se llegó a autolesionar, pero en ningún momento actuó la policía para evitar males mayores. La policía de Zapadores “también aisló a Marouane y sólo intervino cuando ya se había quitado la vida”.
La carencia de asistencia psicológica o psiquiátrica en Zapadores es “especialmente grave” ante la “presión mental” que sufren los internos por la falta de actividades en el centro y que “desencadena emociones de rabia, frustración, apatía, etcétera”, según pone en evidencia el Defensor del Pueblo. Por eso, en el informe del MNP se pide que se cree una consulta de asistencia psicológica y psiquiátrica: “Respuesta del CIE de Zapadores a esta recomendación: sin respuesta”.
Además, cuando se producen casos como el de la pasada semana, “no existe un procedimiento sobre cómo actuar ya que en Zapadores, 'se carece de libro de quejas de malos tratos y de protocolo de tramitación de quejas y denuncias por malos tratos', se denuncia en el informe”. El interno que denunció la agresión “ni siquiera pudo dar el número de placa de los policías a los que ha denunciado porque muchos de ellos no la llevan visible, tal como constata el MNP. Y si la policía le hubiera permitido acudir al servicio médico del CIE, tampoco se sabe qué destino hubiera tenido el parte de lesiones pues el personal médico lo hubiera remitido al director del centro para que decida el trámite a seguir”. El MNP le vuelve a exigir al servicio médico que remita los partes de lesiones directamente al juzgado de guardia y al juzgado de control del CIE, ya que así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal.
“Zapadores, al igual que todos los CIE, sigue siendo un lugar sin derecho a tener derechos”, concluyen desde CIEs NO.