Mucho se ha escrito del llamado “bloqueo” político para la puesta en marcha de la nueva RTVV pero aún se puede decir algo más. Hace un año era un enorme e incierto reto, hoy hay ya un texto legal modélico, aprobado sin votos en contra, que regula el servicio público audiovisual. Una ley para una RTVV independiente, plural, de calidad y tecnológicamente avanzada, con férreos controles antidespilfarro y anticorrupción. Sólo falta el último paso, nombrar a quienes integrarán los órganos de gobierno de la nueva RTVV.
Y aquí aparecen las diferencias, hay fuerzas políticas como Podemos que queremos una RTVV fruto del mayor consenso posible; hay partidos que optan por un Consejo Rector construido sobre cuotas de partido y hay quienes, definitivamente, no tienen ningún interés en que los valencianos y valencianas tengan medios audiovisuales públicos. Así estamos. Y esta radiotelevisión, o se fundamenta de partida en el diálogo y el consenso, o sus días de independencia y servicio público plural estarán contados.
El reto de una nueva RTVV forma parte de los diferentes mandatos del Acuerdo del Botánico a desarrollar desde Les Corts a iniciativa de Podemos y tiene como razón de ser la voluntad de garantizar el derecho fundamental a la información mediante una radiotelevisión pública propia. Los términos de este compromiso estaban claros: “Podemos se encargará de diseñar este proceso, fomentando la participación de la sociedad civil mediante un Forum del que formaran parte el sector empresarial y profesional y el ámbito universitario vinculado al sector”.
Podemos gestionó la participación hasta términos inéditos, convocando un foro abierto a todos los sectores afectados, incluidos los extrabajadores, abriendo el diálogo a todos los partidos del arco parlamentario y recabandola colaboración de expertos universitarios independientes. Fruto de ese trabajo colectivo fue aprobada en diciembre pasado, con la abstención de PP y Ciudadanos, una primera ley de restablecimiento del derecho de las valencianas y valencianos a una RTVV pública, en valenciano y de calidad.
Una parte del Consell parecía más inclinada a reabrir la RTVV de manera provisional, aunque solo fuese para emitir información parlamentaria, ruedas de prensa y comunicados oficiales y mucho material “enlatado”. Podemos siempre defendió que una radiotelevisión del siglo XXI que aspirase a ser un servicio público capaz de seducir a una audiencia que se alejó de Canal 9 hace años no podía improvisarse ni gestionarse sin contar con una marco legislativo previo y sin los mejores profesionales del sector. Frente a las prisas, apostamos por prudencia, diálogo y acuerdos. Y para ello promovimos el encuentro celebrado a principios de marzo para, además de revalidar los términos iniciales del Acuerdo del Botánico, deshacer prisas y malentendidos y establecer un calendario razonable para promover la tramitación de una ley que pudiese concitar el mayor consenso posible y que había de ser condición previa a cualquier tipo de emisión.
Partiendo de lo recogido en el Foro y del trabajo de personas expertas que comparecieron en la Comisión parlamentaria, se alumbró un relevante y moderno texto en el que intervinieron tantas manos que puede afirmarse sin rubor que acabó siendo una obra colectiva muy avanzada.
El texto fue mejorado en el trámite parlamentario, las distintas enmiendas reforzaron la noción de servicio público de gestión directa, los límites mínimo y máximo de aportación de la Generalitat a su presupuesto, los controles en la gestión económico financiera o el sistema de contrapesos para garantizar su independencia del ejecutivo, … Finalmente, la ley de la nueva RTVV fue aprobada este julio con más apoyos incluso que la primera ley de diciembre de 2015, en tanto que todas las fuerzas parlamentarias, salvo el PP que mantuvo su abstención, la votamos favorablemente.
El mandato asumido por Podemos en relación con la nueva RTVV en el acuerdo del Botánico, estaba casi cumplido. Entre las fuerzas políticas que habían votado favorablemente la ley existía el compromiso tácito de proveer cuanto antes el nombramiento de un Consejo Rector independiente que posibilitara que se fueran tomando las primeras decisiones empresariales. Y es aquí donde la nave recién fletada ha embarrancado en las arenas de la vieja política poniendo bien difícil seguir ensanchando el consenso que veníamos trabajando durante casi doce meses de diálogo.
Para la elección de los cinco representantes del Consejo Rector que, conforme a la ley, correspondían a las fuerzas políticas parlamentarias bastaba con volver a votar al mismo grupo de profesionales que ya fue elegido por Les Corts en febrero pasado para integrar el Alto Consejo Consultivo, el órgano que está examinado las propuestas iniciales de productos audiovisuales para la nueva RTVV. Todos los partidos asumimos esa solución menos el PP que prefirió cambiar de persona candidata.
Los problemas vinieron con la elección de representantes provisionales del Consejo de la Ciudadanía (1) y del Consell del Audiovisual (2), órganos aún inexistentes, y en cuyo nombre Les Corts habían de proponer a personas que pudiesen cumplir con esa función de forma simbólica y temporal.
Para Podemos no se trataba de volver a las viejas prácticas, tantos para ti y tantos para mí, sino de encontrar a personas en las que todos los grupos pudiésemos estar básicamente de acuerdo y que respondieran al perfil adecuado para el ejercicio de su representación. Podemos, buscando dicho acuerdo, propuso a Rosa Serrano como persona que podía representar al Consejo de Ciudadanía. Finalmente, Serrano declinó formar parte, y Podemos puso ésta vacante a disposición del consenso.
Pero mientras nosotros abríamos una puerta el PP la cerraba, proponiendo a una candidata que había tenido tareas de responsabilidad en la antigua Canal 9, que había sido testigo de la defensa en el proceso por el que se condenó al exdirectivo de Canal 9, Vicente Sanz, por acoso y abusos sexuales a tres trabajadoras, y cuyo trabajo informativo es cuestionado, entre otros, por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio. El PP socavaba el fundamento mismo de la elección, proponiendo a una persona con estas referencias para representar, aunquefuese de manera provisional, precisamente al Consejo de la Ciudadanía en un medio de titularidad pública. Era evidente que no podíamos avalar a esa candidata.
De otra parte la propuesta socialista para la presidencia del Consejo Rector, parecía viable hasta que unas nimias revelaciones sobre vínculos familiares de la esposa del candidato y sobresu amistad con relevantes socialistas, provocó una desproporcionada reacción de Ciudadanos que vino a romper el consenso inicial. Un cambio de criterio celebrado por sus dirigentes nacionales cada día más proclives a facilitar la investidura de Rajoy.
La estrategia del PP es meridiana, dispuesto a utilizar la negativa de Podemos a apoyar como representante del Consejo de la Ciudadanía a una candidata sin consenso social, para dinamitar el consenso, presentando todo el proceso como un fracaso y, en última instancia, intentar impedir que se ponga en marcha una RTVV que no desea porque no podrá controlar. Sorprende algo más el comportamiento errático de Ciudadanos que, tras votar a favor de la Ley, se apea de sus compromisos por presiones de una élite estatal encantada de servir de muleta para la reedición de un gobierno con Rajoy al frente, aún no se sabe a cambio de qué.
Ahora sabemos también que entre los partidos que forman el Consell tampoco existía acuerdo en torno a quien había de ser el profesional que, marcado por un riguroso cerco de incompatibilidades y por potentes contrapesos en la gestión de la nueva Corporación audiovisual, pudiese ser aceptable para todos los actores que rondan el Palau de la Generalitat.
La vieja política se ha manifestado así en forma de ardides y bloqueos para la elección del Consejo Rector y de su presidencia. No obstante, en Podemos seguimos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea necesario para dialogar y buscar consensos. Y este es un éxito de la ciudadanía, que ante escenarios de viejas e interesadas argucias, estemos presentes y seamos necesarios para impulsar la buena política que la gente reclama.
La importancia de un servicio público de RTVV para reforzar el derecho fundamental a la información, para la vertebración de esta comunidad y la recuperación de nuestra autoestima como pueblo, para la revitalización del sector audiovisual y de la industria cultural valenciana, son razones más que suficientes para seguir trabajando por la puesta en funcionamiento de una nueva RTVV al único servicio de la ciudadanía.