El Ayuntamiento de Finestrat, gobernado por el popular Juan Francisco Pérez Llorca, adjudicó el pasado 17 de noviembre un contrato de asesoría jurídica al despacho de David Serra, exdiputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel' por delito electoral y por falsedad en documento público a tres años y ocho meses de prisión. Pérez Llorca es el actual secretario general del PP valenciano que lidera Carlos Mazón. Serra continúa pendiente de la sentencia de otra pieza separada del 'caso Gürtel', relativa a los contratos menores de la presunta trama con la Generalitat Valenciana durante la etapa de Francisco Camps, también acusado en la causa.
El exdiputado del PP ejerce de letrado en el bufete Estudi General Advocats i Assesor SLP, con sede en València y Alicante, en el que Serra figura como socio y apoderado. El expolítico del PP ostenta la participación mayoritaria en el despacho (del 39%), según indican las cuentas anuales de la empresa depositadas ante el Registro Mercantil.
El bufete fue adjudicatario del contrato del servicio de asesoramiento jurídico y defensa en juicio del Ayuntamiento de Finestrat, un municipio de la comarca de la Marina Baixa con una población de casi 9.000 habitantes. El contrato, licitado mediante un procedimiento abierto y con un plazo de ejecución de cuatro años, se adjudicó por un importe de 192.000 euros.
David Serra, a preguntas de elDiario.es, explica que otro socio del bufete se encarga de los asuntos del sector público: “Son los típicos contratos de representación que tienen casi todos los ayuntamientos porque no tienen servicio propio de abogados para llevar los juicios”. “Normalmente los secretarios e interventores tienen equipos jurídicos externos que les ayudan”, agrega Serra, quien afirma que el despacho trabaja con “ayuntamientos de todos los colores”, incluyendo consistorios de la izquierda. “No tenemos ningún problema, somos profesionales”, concluye el letrado.
Por su parte, una portavoz del Ayuntamiento de Finestrat defiende que se trata de una licitación abierta a la que se presentaron varias empresas. “Las mesas de contratación están compuestas única y exclusivamente por técnicos”, agrega la misma fuente.
La memoria justificativa alude a la poca dotación de personal del consistorio para afrontar asuntos jurídicos como justificación de la adjudicación. La licitación incluye el orden civil, contencioso, mercantil y penal y abarca también asuntos ante el Tribunal de Cuentas.
El procedimiento de adjudicación evaluó la solvencia técnica o profesional con una relación de los servicios jurídicos de, como máximo, los últimos tres años, y con la presencia en el despacho de un letrado colegiado en ejercicio activo con una antigüedad mínima acreditada de 15 años.
El despacho de Serra, según el acta de la mesa de contratación consultada por este diario, propuso la asistencia al consistorio asumiendo consultas “cualquier día del año y a cualquier hora del día” y la presencia física “constante y adecuada” durante 12 horas semanales. Además, el bufete también ofrecía servicios de protección tecnológica y de seguridad en las comunicaciones.
El alcalde, 'número dos' de Carlos Mazón en el PP valenciano, adjudicó el pasado año otro contrato de asesoría jurídica en materia de Recursos Humanos a Noguera Abogados y Asesores SL, por 34.380 euros. Se trata de uno de los despachos que también se presentó a la adjudicación que ganó el bufete de David Serra.
Por otro lado, el mismo consistorio renovó recientemente el contrato de suministro de combustible, por 190.000 euros, a la empresa de Francisco Pérez López, conocido como 'Paco Gasofa' y amigo de Eduardo Zaplana acusado en el juicio del 'caso Erial'.
Segundo juicio del 'caso Gürtel'
David Serra abandonó su escaño en las Corts Valencianes y la política activa en 2014. Serra, según publicó Valencia Plaza, mantiene una buena relación con el partido. Su mujer, Magdalena María González la Red, es diputada autonómica del PP y pertenece a su junta directiva regional.
El abogado fue condenado en 2018 en la pieza del 'caso Gürtel' por la financiación ilegal del PP valenciano. Dos años después, el expolítico popular consiguió eludir el ingreso en prisión al aceptar la Audiencia Nacional (AN) su recurso de apelación, que argumentaba que los hechos se produjeron más de una década antes y aludía a la situación familiar del condenado.
En el último juicio de la presunta trama, relativo a los contratos menores, Serra compartió banquillo de los acusados con el expresidente Francisco Camps. La última sesión del juicio se celebró el pasado 19 de octubre, tras decenas de vistas iniciadas nueve meses antes. Casi una treintena de acusados se encuentran a la espera de que la AN dicte sentencia, seis meses después de que acabara el largo juicio.
En su declaración, del 28 de febrero de 2023, Serra cargó contra Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de 'Gürtel' en València, del que dijo que “tuvo la capacidad de engañar a muchísima gente”. “Álvaro Pérez en aquella época era un bravucón o ejercería cierta chulería, yo creo que sacaba pecho de cosas que no eran ciertas”, afirmó ante el tribunal.
David Serra, acusado en la causa por la contratación de la red de empresas de Gürtel en varias ediciones del Open de Tenis de Valencia desde la Sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA, avaló el evento como una “apuesta estratégica del Gobierno” de Camps.
El exdiputado autonómico del PP reconoció que conocía una de las empresas de Francisco Correa desde principios de la década de 1990 cuando era uno de los líderes de las juventudes populares y el jefe de la red Gürtel servía los billetes de avión para desplazamientos desde su empresa de viajes.