El Observatorio del Ebro alertó sobre el riesgo de seísmos en la zona del almacén de gas Castor

Los técnicos del Observatorio del Ebro (OE) han explicado hoy ante el juez que instruye la causa Castor que advirtieron a Escal UGS de que la inyección de gas podía “alterar la peligrosidad sísmica de la zona”, aunque las advertencias no fueron atendidas.

Así se desprende de las declaraciones que han prestado en calidad de testigos el director del Observatorio del Ebro, Joan Miquel Torta, y la responsable de la sección de sismología de la entidad, Arantza Ugalde.

Ambos testigos, según han informado a Efe fuentes conocedoras de la declaración, han explicado que cuando recibieron la memoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) confeccionado por Escal UGS, advierten que el mismo “no contiene estudio alguno relacionado con la sismicidad natural” de la zona en la que está enclavado el almacén de gas subterráneo.

Y tampoco sobre la sismicidad inducida derivada de la actividad de inyección de gas.

Por ello, Ugalde ha explicado ante el juez que envió una carta a Escal en la que planteó sugerencias para que se incorporara al EIA estudios sobre sismicidad, porque consideraba que la actividad proyectada era susceptible de alterar la peligrosidad sísmica de la zona.

Para la testigo, la actividad de inyección de gas “genera sismicidad inducida” (como consecuencia directa de la actividad) y sismicidad disparada (que es la sismicidad natural que se manifiesta anticipadamente en el tiempo como consecuencia de la inyección).

Y asegura que ambas sismicidades “pueden ser precursoras de sismos de mayor magnitud”.

La carta sin embargo, según las mismas fuentes, no obtuvo respuesta hasta que dos años después, con motivo de la celebración de una conferencia en la Cámara de Comercio de Tortosa, donde Ugalde es preguntada por ella y se refirió a su contenido.

Al día siguiente, el presidente de Escal, Recaredo del Potro, se puso en contacto con el presidente del Observatorio del Ebro y comienza la colaboración entre la promotora y el OE que fructifica en un convenio suscrito entre ambos en el mes de octubre de 2008.

Escal establece entonces un dispositivo para el control de los seísmos provisto con un equipo de sismología valorado en 300.000 euros, según Ugalde, y lo dota con 56.000 euros anuales para retribuir a la técnico que va a supervisar y monitorizar la actividad.

Ugalde trabajó en esas instalaciones hasta el año 2009, junto a un observador, por lo que cuando se produjo la serie de seísmos en 2013 ella ya no trabajaba para el OE, aunque ha asegurado que la actividad sísmica sí fue consecuencia directa de la inyección de gas.

También ha declarado otra trabajadora del OE, Estefanía Blanch, la encargada de la monitorizar el proyecto Castor.

Cuando se produjo la crisis sísmica en septiembre de 2013, ésta lo advierte al secretario general de Hidrocarburos y advierte igualmente a Escal del aumento de la frecuencia y magnitud de los seísmos.

A 13 de septiembre se habían producido ya 147 seísmos, 50 de los cuales se manifestaron, por lo que Blanch, ha explicado, sugirió detener la inyección o, al menos, reducir el caudal a los niveles de las inyecciones que no habían inducido sismicidad.

A pesar de las advertencias, ha dicho la testigo, “no se paralizó la inyección hasta cuatro días después”.

El juzgado de Vinaròs investiga supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaròs.