El Gobierno andaluz desaira ante la jueza a sus propios interventores por censurar los contratos sanitarios troceados

La jueza que investiga si hubo malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha tomado declaración este miércoles en calidad de testigos a los dos interventores provinciales autores del informe, el cual ha sido cuestionado por la propia letrada de la Junta de Andalucía, que ha quedado personada en la causa como responsable civil subsidiaria.

Según informan fuentes cercanas al caso, Antonio Rodríguez y Joaquín Pavón han ratificado el contenido del informe que dio origen a la denuncia y a la investigación judicial, por contratos valorados en 235 millones de euros, y han defendido su labor frente a las dudas de la abogada de la administración, lo que ha generado cierta “tensión” durante la declaración, de acuerdo a las fuentes.

Por su parte, la representante de la Fiscalía, que ha reclamado recientemente al Gobierno de Moreno que aclare “las razones de su cambio de posición procesal”, ha recriminado a la letrada de la Junta, según las fuentes, que intentara durante sus intervenciones que solo se viera el fraccionamiento de contratos y no las prórrogas forzosas de contratos de servicios, por ejemplo, conminando a que fuera la jueza, y no una de las partes, la que dirigiera la toma de declaración.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, preguntada esta mañana en un acto acerca de estas declaraciones celebradas en Cádiz ha mostrado “total respeto a la Justicia” y la “máxima colaboración con todo lo que se nos requiera”, dando los “pasos necesarios” desde la asesoría jurídica del SAS y “con la máxima transparencia”.

Por su parte, Podemos Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz del PP “respeto” hacia los interventores de la Junta y que los deje trabajar “con autonomía y sin injerencias”, garantizando así “su independencia y el cumplimiento de la legalidad en la gestión de los fondos públicos. ”El Gobierno andaluz debe abandonar esta estrategia de acusación hacia los Interventores“, ha clamado la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, en una nota de prensa.

Desde Podemos Andalucía advierten de que los 235 millones repartidos a dedo en Cádiz “pueden ser solo la punta del iceberg” y denuncian el nerviosismo del Ejecutivo andaluz ante el avance de la investigación judicial. “El Gobierno de Moreno Bonilla está en pánico porque sabe que este escándalo puede ir mucho más allá”, ha asegurado la líder de la formación morada en Andalucía.

Dos altos cargos, citados este jueves

La causa abierta tras una denuncia de Podemos a raíz de una información exclusiva de elDiario.es Andalucía publicada el pasado otoño pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, “eludiendo” la ley de contratación, según recoge un informe desfavorable de la Intervención de la Junta, que forma parte de la investigación. La jueza Rosa García Jover también ha citado para este jueves a dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno, las jefas de servicio Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

Los interventores denuncian el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos con los que se adjudicó a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en las ocho provincias andaluzas. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó elDiario.es, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.

En este momento, el Gobierno de Moreno tiene dos causas judiciales abiertas relacionadas con los procedimientos de contratación a dedo del SAS. Un juzgado de Sevilla investiga un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 -por más de 234 millones de euros- amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado. La Junta no se ha personado en esta causa, pero sí lo hizo en la instrucción del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, que va avanzando.