Hasta ocho europarlamentarios de la izquierda y los verdes han remitido un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir explicaciones por la expulsión a Argelia del activista Mohamed Benhlima -donde ha sido condenado a muerte-, así como para reclamar el fin de las deportaciones sin garantías judiciales. También exigen la anulación de la condena a muerte y una investigación “internacional e imparcial” que profundice sobre las vulneraciones de derechos humanos en España.
Benhlima se encontraba en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, València, y fue deportado a finales el pasado 24 de marzo después de que el Gobierno se negara en dos ocasiones a “aceptar su solicitud de protección internacional” a pesar de que organizaciones como Acnur y diversas ONGD advertían del riesgo de que podía ser condenado a muerte por un tribunal militar, “tal y como ha sucedido”: “El Ministerio del Interior conocía los riesgos y vulnerabilidades del caso de Benhalima si llegaba a producirse la expulsión definitiva a Argelia”.
Benhlima, que llegó a España en 2019 como solicitante de asilo, tiene 32 años, 19 causas penales abiertas en Argelia y una condena a muerte por un tribunal militar “de la que debía tener constancia el Ministerio de Interior al haberse producido en ausencia, cuando Benhlima se encontraba ya en España”. Estas causas penales, explica el escrito remitido a Grande-Marlaska, se deben a que es un Wexmilitar, disidente, activista político y denunciante de la corrupción del ejército argelino“.
El propio Benhlima, cuatro días antes de su deportación, advertía en un vídeo grabado desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia que Argelia aplica la tortura y que su vida corría peligro si era extraditado allí.
Los europarlamentarios aseguran que son varias las irregularidades que se han cometido en este caso: “En primer lugar, en términos legales se produjo la extradición utilizando el artículo 54.1 de la Ley Orgánica de Extranjería, que implica la ausencia de garantías y de control judicial”. Además, desde que se le comunicó la orden de expulsión hasta que fue ejecutada pasaron apenas dos horas, “durante este tiempo Benhlima fue privado de su móvil y de poder notificar la situación a su abogado”, por lo que, insisten, “estamos ante una clara vulneración de los Derechos Humanos que no debe pasar desapercibida”.
En segundo lugar, prosiguen, los motivos que han llevado a su deportación “son fundamentalmente políticos, ya que su expulsión se produce días después de que el Gobierno español cambiase repentinamente de postura respecto al Sáhara”. Parece, por lo tanto, que la devolución de Benhlima a su país de origen “tiene una motivación de apaciguar los ánimos de Argelia y recuperar unas relaciones que se habían deteriorado”. En otras palabras, “para el Estado Español parece que la defensa de los Derechos Humanos está por debajo de los intereses geoestratégicos, pues han incumplido el principio de no devolución de una persona solicitante de asilo a su país dónde su vida o seguridad corren peligro”.
Los cargos que recaen sobre Benhlima son, entre otros, los de participación en un grupo terrorista y la publicación de noticias falsas que socavan la unidad nacional. Amnistía Internacional y otras organizaciones como Red Jurídica, CEAR PV, CIHRS y la plataforma “CIEs No” han denunciado que este tipo de cargos son “muy subjetivos y permiten a las autoridades argelinas criminalizar las libertades y la defensa de los Derechos Humanos”. De hecho, “los únicos indicios que utilizó el Ministerio de Interior para deportarle fue su supuesta vinculación con la organización Rachad, oposición política del régimen argelino y que es considerada por Argelia organización terrorista desde febrero de este mismo año, aunque no tienen el uso de la violencia en su estrategia política”.
En el juicio, celebrado el 8 de mayo, Benhlima fue condenado a pena de muerte. Aunque desde 1993 no se ejecutan, “llevan aparejada la cadena perpetua y la utilización de la tortura contra los condenados. El riesgo de tortura era el principal motivo por el que su abogado y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas consideraban que el Estado Español debía admitir a trámite la demanda de asilo político”.
Los europarlamentarios firmantes (Urbán Crespo, Miguel, The Left; Gusmao, José, The Left; Köster, Dietmar, S&D; Matias, Marisa, The Left; Pedicini, Piernicola, Verts; Rego, Sira, The Left; Scholz, Helmut, The Left; y Stelios Kouloglou, The Left) manifiestan al ministro su “más profunda preocupación por la vulneración de Derechos Humanos que se está produciendo en el Estado español”, al tiempo que muestran su “repulsa” ante la “inaceptable persecución que sufren las personas migrantes”, así como su rechazo a la utilización de personas como “intercambio político”.