La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València ha reclamado que se ofrezca un trato igualitario a la hora de acceder a la protección a todas las personas que lo necesitan, independientemente de su origen o procedencia. La organización considera una buena práctica la respuesta que se ha dado, tanto a nivel europeo como español, al desplazamiento desde Afganistán, o más recientemente a quienes han tenido que huir por la invasión de Ucrania.
Así mismo, advierte de la bajada de solicitudes de asilo en el conjunto del país y en provincias como Valencia y Alicante, donde actualmente es “imposible” por la escasez de citas telemáticas, los retrasos y los requisitos dispares, con lo que las personas que quieren empezar una nueva vida tardan hasta ocho meses de media solo en pedirlo.
En 2022, ya sin los efectos de la pandemia, el acceso al procedimiento de asilo se ha dificultado hasta el punto de que es “prácticamente imposible” conseguir una cita telemática en la provincia de València. Es por ello que muchos solicitantes acaban comprando las citas a través de plataformas informáticas, un hecho que se viene denunciando desde hace meses. Se ha reclamado reiteradamente a las administraciones públicas y autoridades competentes que pongan soluciones y finalice esta vulneración al acceso a un derecho fundamental, como es el derecho de asilo·.
El informe, en cifras
La ONG ha presentado este jueves su ‘Informe 2022: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, la vigésima edición de este documento, que, en lo que a las cifras cifras se refiere, refleja que la Comunitat Valenciana fue la quinta autonomía en numero de solicitudes de asilo, con 4.259, por detrás de Madrid (18.295), Catalunya (8.519), Andalucía (6.902) y Canarias (5.495). Por provincias, Valencia fue la sexta en número de solicitudes de asilo con 2.528, por detrás de Madrid (18.295), Barcelona (6.995), Santa Cruz de Tenerife (3.302) y las ciudades autónomas de Melilla (3.277) y Ceuta (3.152). Alicante y Castellón, con 1.227 y 504 solicitudes de asilo respectivamente, disminuyeron el número de peticiones respecto del año anterior, en que hubo 1.235 y 900 solicitudes.
El numero de solicitudes de protección internacional en la Comunitat Valenciana cayó en más de un 50% en 2021 (9.060 en 2020) debido a factores como la reducción de la movilidad y cierre de fronteras por la pandemia, pero también, y en función de provincias, por la reducción de las citas telemáticas para solicitar asilo, los requisitos solicitados para el acceso al procedimiento y el retraso en las citaciones para manifestar la voluntad de solicitar protección y de formalizar la propia entrevista de asilo.
España fue el tercer país de la UE en solicitudes de asilo (por detrás de Alemania y Francia), con una tasa de reconocimiento que pasó del 5 al 10% respecto a 2020 a pesar de estar todavía muy lejos de la media europea (35%). Y el Mediterráneo continúa como la ruta más peligrosa al acumular 2.048 fallecidos en 2021, una cifra que está lejos de la real porque muchos no se contabilizan.
En cuanto a número plazas de acogida, Valencia es la cuarta provincia española. La mitad de estas plazas dependen de la comisión entre pisos y centros en localidades como Sueca y Cullera, que se han ampliado para recibir a refugiados procedentes de Ucrania. “Por fin empezamos a tener un número aceptable de plazas, aunque sigue siendo necesario ampliarlo”, ha subrayado Mercedes Ena, coordinadora de CEAR PV, además de quejarse de la burocracia que persiste en “un país con garantías” como España.
Perfil de la persona refugiada
Respecto al perfil de los refugiados se detecta un cambio: si antes eran mayoritariamente familias de Latinoamérica, ahora son hombres solos de países africanos. Eso sí, la ONG espera que los datos de 2022 estén marcados por la llegada de ucranianos con unas 70.000 solicitudes de asilo.
De cara al futuro, otra de sus previsiones es que impacte negativamente la crisis diplomática entre España y Argelia, con lo que los refugiados de este país lo tendrán “muy difícil” para recibir asilo. A esto se suma que las familias acogedoras en zonas como la Comunitat Valenciana ya tienen “problemas” para que los niños saharauis puedan desplazarse.
“Cualquier vaivén en la política impacta en la vida de estas personas, a ver si la UE presume de ser una unión de derechos”, ha aseverado la coordinadora de CEAR PV, que ha denunciado otros problemas que sufren los refugiados como el racismo a la hora de alquilar una vivienda.
Por todo ello, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas del 20 de junio, la ONG lanza una treintena de propuestas para la mejora de la protección, como un sistema europeo de asilo común, un acuerdo de desembarco seguro con cuotas de reubicación obligatoria, eliminar la exigencia del visado de tránsito para personas de países en conflicto como Siria o Palestina, garantizarles intérpretes, resolver los 104.000 expedientes pendientes, poner fin a las devoluciones en Ceuta y Melilla o cerrar Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como el de Zapadores en València.
Experiencias en primera persona
En la presentación han compartido su historia refugiados como Jamila, periodista y activista afgana que ha relatado el deterioro de los derechos humanos en su país, sobre todo de las mujeres. Ella y sus hijas fueron evacuadas por España tras la vuelta al poder de los talibanes. “Ahora hay guerra en todo el mundo, pero ya nos hemos olvidado de Afganistán”, ha constatado, y ha lamentado que sus compañeros están en peligro y uno de ellos ha pasado de presentador de televisión a vender galletas en la calle.
De Guinea, Sahil ha narrado cómo salió en barco de su país “sin saber a dónde llegaría”, una travesía en la que acabó en Gandia (Valencia) porque el cierre de fronteras provocó un aumento de pateras en estas costas. Tres años después, en perfecto castellano y trabajando actualmente como repartidor, se ha marcado como objetivo llegar a ser comerciante.
Y una de las llegadas más duras fue la de Yanelia, que huyó sola de Honduras tras “diez años encerrada en casa” por su marido, que la maltrataba a ella y a sus hijos y la amenazaba de muerte, al que no podía denunciar por ser policía y por las estructuras sociales de su país. Desde que fue acogida en España en 2018 ha conseguido traer a sus cuatros hijos y vivir “sin miedo”. “Que otras mujeres en mi situación digan basta”, ha exclamado.