La red de oficinas de asesoramiento y justicia gratuita de la Generalitat Valenciana ha atendido a casi 90.000 personas en sus cinco años de funcionamiento, con los delitos relacionados con la violencia de género como principal causa. Más del 80% de las personas atendidas han sido mujeres, más de la mitad de las víctimas lo son de violencia de género y el 70% de las actuaciones tienen que ver con la violencia machista, lo que implica que las mujeres que acuden son víctimas de más de un delito o lo son de forma continuada.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha desgranado los datos de este servicio, una red pública y gratuita que presta información, asistencia y atención coordinada a cualquier persona, tanto en en el ámbito jurídico, psicológico y social. Las cifras que maneja el departamento de Bravo indican que la mayoría de las personas que acuden al servicio son vulnerables, con condición socioeconómica baja o precaria. También se ha atendido a 3.345 menores de edad, con un porcentaje elevado de víctimas de agresiones sexuales, cerca de 500. Entre las víctimas menores atendidas, los principales delitos fueron violencia de género (35,1%), violencia doméstica (25,58%) y contra la libertad sexual (23,82%), mientras los relacionados con violencia escolar representaron el 3,17%.
Las víctimas de violencia de género son atendidas por las oficinas durante varios años, con el objetivo de evitar que no retiren la denuncia hasta llegar a juicio, ha recalcado la titular de Justicia. Tras los delitos de violencia de género, los más notables son los de violencia doméstica -la que afecta al ámbito familiar-, con un 9% de atenciones. De nuevo, el 65% de las víctimas atendidas, 4.749, son mujeres.
Una cuarta parte de la población que acude a las oficinas no continua con el proceso, unos datos que la consellera pide analizar con cierta cautela. En ocasiones las personas acuden a por información para terceros o para una primera consulta y luego desarrollan las actuaciones por sus propios medios, pero, aún siendo víctimas que deciden no continuar los trámites, la titular de Justicia reclama ser “respetuosos” desde la Administración con la situación. En total, son unas 25.000 personas las que decidieron no continuar con un expediente en estas oficinas. “Muchas desisten de denunciar porque no confían o por miedo”, ha lamentado Bravo.
La titular de Justicia pone en valor la red de asistencia como forma de que las mujeres víctimas de violencia confíen en el sistema judicial: “Hemos consolidado un servicio público, gratuito y universal que trabaja los 365 días del año para garantizar la atención y la protección de las víctimas”, ha resaltado Bravo. La inversión en estas oficinas fue en aumento estos cinco años, al pasar de 3,4 millones de euros en 2018 a 8,4 en 2022.