La Generalitat continuó inyectado dinero público a la Fórmula 1, de la que se dijo que no iba a costar ni un duro, a pesar de saber que la prueba era deficitaria. Así se ha dicho hoy en el juzgado de instrucción número 2 de Valencia.
El expresidente de la Generalitat y Bancaja, la caja de ahorros luego integrada en Bankia, ha echado balones fuera por su responsabilidad en el pufo de la Fórmula 1 celebrada en Valencia. José Luis Olivas, que ha sido el primer testigo en declarar ante el juez que investiga el caso, ha minimizado su responsabilidad en la gestión de Valmor, la empresa privada a la que Generalitat concedió la organización del Gran Premio de Valencia y que compró por 33 millones de euros cuando estaba abocada a la desaparición.
Según Olivas, pendiente de varias causas judiciales, Bancaja invirtió en esa sociedad a propuesta del gobierno valenciano, entonces presidido por Francisco Camps (también del PP) pero estaba fuera de la gestión. Aunque la idea de crear una empresa que gestionara el evento al margen de la administración fue suya, reconoce, la posición de la caja era puramente financiera, de mero inversor. En otras palabras, ni él ni la entidad financiera que presidía estaban en el día a día de la compañía.
Roig y la incomprensible compra de la Generalitat
Valmor era propiedad de Bancaja, el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' y la familia de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, y Fernando Roig, propietario y presidente del Villarreal Club de Fútbol. Este último también ha declarado este lunes como testigo en el asunto. Según alguno de los abogados presentes en la declaración, el empresario no ha ocultado su extrañeza tras la compra de Valmor por parte de la Generalitat.
La empresa, ha declarado, estaba en pérdidas desde el primer año, aunque nadie en el gobierno valenciano pidió explicaciones. Roig se ha ofrecido a enseñar la contabilidad de la firma, que estaba abocada -dada la falta de rentabilidad y la renuncia del Consell a acoger más pruebas de la Fórmula 1- al concurso de acreedores. Por ello, el propietario de la azulejera Pamesa ha mostrado su perplejidad ante la decisión de comprar de la Generalitat.
Es más, según Roig, los accionistas de Valmor advirtieron a la Generalitat de que la prueba era inviable dados los grandes déficits anuales, pese a lo cual el gobierno Camps decidió avalar las pérdidas de la compañía y asumir el cánon anual que los organizadores -Valmor- debían pagar cada año a Formula One Management, la empresa del magnate Bernie Ecclestone. El Consell forzó a la Sociedad de Proyectos Temáticos y Circuit del Motor, una empresa pública, a pagar el cánon, de 19 milones de euros en 2008 (se encarecía a razón de un 10% anual).
Camps cedió la gestión de la Fórmula 1 a Valmor -según la oposición, para eludir los controles de gasto público y ocultar el coste del evento-, una empresa comprada por el gobierno presidido por Alberto Fabra por un euro (y su deuda de 33 millones) cuando la prueba no se iba a celebrar más. La Fiscalía Anticorrupción imputa a Camps, una de sus exconselleras, Lola Johnson, y Aspar los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.