La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha clamado contra “los enemigos que le han salido al valenciano” y hacen “oposición denigrando” a esta lengua con el objetivo de hacer una “castración cultural” porque, a su juicio, “no han entendido que tener dos lenguas en un territorio es una riqueza y no un problema y que promocionar la lengua que es más débil es una obligación política, legal y constitucional”.
Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación, después de que este miércoles el TSJCV haya declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración pública autonómica. En concreto, deja sin efecto un total de 11 artículos, entre otros los que dan un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Al respecto, Oltra ha puntualizado que el Consell está estudiando recurrir la decisión del alto tribunal porque considera que “no se ajusta a los parámetros del mandato constitucional de defensa de las lenguas cooficiales como riqueza cultural de España”, regulado en el artículo 3 de la carta Magna y “la Constitución está para cumplirla”, ha enfatizado.
Además, ha indicado que desde el ejecutivo autonómico entienden que “dentro de la propia sentencia hay diferentes tratamientos de un mismo concepto que tampoco queda muy claro”. “Nosotros vamos a defender la protección y la promoción del valenciano como mandato constitucional y como lengua minorizada”, ha subrayado.
Oltra ha señalado que el artículo 4 del decreto 6/2017 de la Generalitat señala que el valenciano es “la lengua propia de la administración”, como así también lo recoge el Estatuto de Autonomía que dice que el valenciano es la lengua propia de la Comunitat Valenciana, pero sin que de esa declaración “pueda entenderse ninguna limitación de la otra lengua cooficial”, el castellano, ha puntualizado.
“El decreto establece que todas las medidas de promoción y protección (del valencianos) no se harán en detrimento del castellano. Es muy incomprensible que se anulen determinados preceptos que no limitan el castellano, sino que lo que hacen es un tratamiento de promoción como manda la Constitución de una lengua que esta minorizada y, por tanto, se tiene que proteger”, ha defendido.
Además, ha apuntado que la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias en su informe de 2017 establecía que el uso del castellano en la Generalitat es del 86,8% en producción escrita y del 87,7% en comunicación oral, por lo que se ha preguntado quién con estas cifras puede pensar que el castellano está “limitado o amenazado”.