La Operación Alquería que ha acabado con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tres asesores y tres directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, en los calabozos de la Policía Nacional se centra en la investigación de siete presuntos contratos fraudulentos de alta dirección, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero las pesquisas seguidas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos son secretas y podrían ampliarse, máxime cuando ha habido registro en domicilios particulares.
Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una decena de personas fueron muy contestados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Esquerra Unida, que forma parte del Gobierno a cuatro -PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV- que gobierna la Diputación. Tanto, que se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y con hasta 14 informes contradictorios, según la información contrastada por eldiario.es.
Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus emolumentos hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaba entre 50.000 y 59.000 euros. Los elegidos por los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos, tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los nombraba la coalición y otros cuatro los socialistas.
Los altos directivos de la empresa pública Divalterra contratados por esta fórmula y que evitaba la concurrencia pública y los méritos son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) Josep Melero.
La clave de las discrepancias en los informes se basaba en la elección a dedo de estas personas y en su consideración de altos cargos para conseguir mayores salarios. Los informes favorables justificaban la necesidad de la creación de estos puestos -antes eran jefaturas- para gobernar una plantilla de más de 600 empleados, mientras que los informes negativos reclamaban la concurrencia pública y la meritocracia de los candidatos.
Y es esa falta de concurrencia pública y el hecho de no haberse llevado al consejo de administración lo que motivó las denuncias de PP y Ciudadanos. El partido que preside Albert Rivera calculaba en su denuncia inicial que el dinero abonado en sueldos por estos cargos de alta dirección que han ocupado entre 2015 y 2018 una decena de personas podría superar los dos millones de euros.
La UDEF investiga si había pagos a los partidos
Una línea de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía nacional es si la contratación de estas personas se habría realizado a cambio de abonar una cantidad que los cargos públicos pagan a los partidos, en este caso a PSPV y Compromís. Es habitual en los partidos de izquierdas que sus representantes públicos en las instituciones cedan parte de su salario para los gastos de funcionamiento de las formaciones.
Divalterra, la empresa pública saqueada en época del PP de Alfonso Rus, ha estado en el foco de la polémica desde que se decidiera no liquidarla tras el gran escándalo de corrupción del caso Taula. La entidad ha seguido funcionado -principalmente en la gestión de las brigadas forestales- y ha seguido siendo utilizada políticamente.
Tanto PP como Ciudadanos han denunciado fraccionamiento de contratos e hicieron caer a un gerente, el dimitido Víctor Sahuquillo, por pasar gastos de bebidas alcohólicas a la empresa pública. El propio presidente de la Diputación de Valencia ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra la corrupción del PP.
Los seis detenidos este miércoles en la Operación Alquería pasan la noche en los calabozos a la espera de ser puestos a disposición judicial. El presidente de la Diputación de Valencia tiene previsto ser interrogado por el juez el viernes, según el TSJ, por lo que habrá pasado 48 horas detenido.
La UDEF ha permanecido seis horas de registro en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Jorge Rodríguez. Por la tarde acudieron a la Diputación con el presidente detenido para indagar en su despacho, que había sido precintado a primera hora de la mañana.