El 1º de mayo es una aspiración universal de progreso. Universal porque en las calles de las ciudades de todo el mundo, las organizaciones sindicales celebramos un día de conmemoración, de reivindicación y de defensa del valor del trabajo, de sus derechos y de la dignidad humana. Y universal también porque no va contra nadie, sino en interés de la mayoría, por la justicia social, la democracia y la libertad bien entendida.
Este 1º de mayo, en España y en la Comunitat Valenciana, es un día para hacer balance, para hablar de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de los datos de empleo y cotizantes a la seguridad social; pero también de lo mucho que nos ha costado para llegar aquí.
Ha sido necesaria toda una década para superar una reforma laboral impuesta contra el diálogo social que otorgó todo el poder a los empresarios, que desequilibró la negociación colectiva en su favor y que precarizó aún más el mercado de trabajo y la temporalidad, bajando salarios y deteriorando las condiciones de trabajo.
Para superar una reforma del sistema de pensiones que, saltándose el pacto de Toledo, imponía una congelación de las pensiones de facto y que introducía un factor de sostenibilidad que reducía sus cuantías si la esperanza de vida se alargaba.
Para superar un SMI que se iba quedando atrás en relación con los incrementos salariales pactados en la negociación colectiva y se alejaba de ese 60% del salario medio que proclama la carta social europea.
Para superar recortes en sanidad, educación o servicios sociales.
Para recuperar la sanidad universal y eliminar los copagos farmacéuticos, para incrementar las becas o para atender con dignidad y presteza a las personas dependientes.
Y para superar también una crisis económica que llegó a provocar más de 6 millones de parados en España.
Una década en la que vimos derrumbarse el sistema financiero, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el cierre de las cajas de ahorro y el rescate a la banca, que nos decían no nos iba a costar un euro.
El fracaso estrepitoso de un liberalismo económico que prometía riqueza a cambio de desregulación, y que nos trajo desigualdad, paro y pobreza. Un liberalismo sin reglas en un mundo global en el que los capitales supeditan la fiscalidad y los derechos de los trabajadores al interés de unos cuantos, y que nos decía que lo público es un lastre para el crecimiento económico.
Una década en la que la UE se obcecó en el austericidio, dividida por el egoísmo y la codicia, imponiendo límites al déficit y a la deuda a costa de los derechos y el bienestar de la mayoría. Una política económica profundamente equivocada que despertó el nacionalismo excluyente, xenófobo y racista que representa la extrema derecha.
Una década que nos trajo una pandemia que nos confinó a todos, que paralizó la economía y que puso en valor la esencialidad del trabajo y la importancia de lo público. Una pandemia que puso en evidencia que los recortes matan y que un estado de bienestar sólido salva vidas. Pero que también salva la economía y el empleo, porque gracias a los ERTE, que han sostenido rentas del trabajo y empresas con fondos públicos, se ha conseguido superar la crisis sanitaria con cohesión social y protección, como nunca antes.
Y por si todo lo dicho no fuera bastante, estamos inmersos en la guerra criminal de Putin que ha provocado un incremento de la inflación que merma el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora y encarece las hipotecas, haciendo aún más difícil el grave problema de acceso a la vivienda.
Y claro, resulta que también para luchar contra la inflación y sus efectos es necesaria la regulación y la intervención de los poderes públicos, porque no la va a resolver el mercado. Para ayudar con los recursos de todos a las rentas más bajas, para hacer más asequible el transporte público, para garantizar el acceso a la energía, para conseguir la excepción ibérica y para ayudar a las empresas con más dificultades pensando en el empleo que proporcionan. Sin que la CEOE se muestre dispuesta, por el momento, a un acuerdo de negociación colectiva que haga compatible la lucha contra la inflación y la recuperación de los salarios como les hemos propuesto.
Hoy podemos decir que uno de cada dos contratos que se realizan es indefinido, que la tasa de temporalidad se ha reducido a la mitad y que ello es el resultado de la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos; pero conviene recordarlo, con el voto en contra de casi todo el PP, cuya unanimidad en contra se salvó por el despiste de un bendito.
Podemos decir que el SMI ha alcanzado el 60% del salario medio, que se ha incrementado en más de un 40% en los últimos años y que de su mano no se ha destruido empleo, como interesadamente se vaticinaba, sino que por el contrario hay más cotizantes a la seguridad social que nunca en España y en la Comunitat Valenciana.
Hoy contamos con un IMV que es un salvavidas para los que están en peor situación. Y tenemos un acuerdo en el sistema de pensiones que garantiza su actualización con el IPC, que suprime el factor de sostenibilidad y que incrementa las cotizaciones para hacerlo sostenible. Aumentando los ingresos, no reduciendo las pensiones. Un acuerdo sin el aval de la patronal y con el voto en contra del PP que nos promete volver al sistema de recortes que nos impuso en 2013.
En la Comunitat Valenciana el diálogo social ha sido la norma para dar respuesta a las dificultades, a los efectos de la pandemia y de la guerra; pero también para el diseño de una política económica que pone el acento en la mejora del modelo productivo valenciano, para generar más y mejor empleo sin regalos fiscales y sin menoscabo de los servicios públicos, que ni se negocian ni se venden.
Una política de participación y diálogo también para seguir reclamando una financiación justa para los valencianos y valencianas, un asunto que, pese a las dificultades, no debe quedar en el olvido. De ello dependen nuestras posibilidades de recibir servicios en sanidad, educación o servicios sociales de mayor extensión y calidad, pero también la posibilidad de impulsar la mejora de nuestro modelo productivo.
Hay un compromiso compartido para reindustrializar la economía valenciana a través de la Agencia Valenciana de Innovación, pero también captando inversiones sin entrar en el indecente juego del dumping fiscal del que, sin vergüenza, presumen otras Comunidades Autónomas.
Hemos de insistir en que la fiscalidad entre CCAA debe armonizarse, porque las rebajas fiscales a los más ricos son peores servicios público para quienes más los necesitan.
El balance es positivo, pese a las dificultades y las carencias, nuestra sociedad sigue siendo injusta y desigual, el machismo sigue matando y la brecha entre hombres y mujeres sigue abierta, el acceso a la vivienda es casi un imposible y los jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse.
En la presentación de este balance y en la superación de los viejos y nuevos retos no estamos solos. Nuestro papel es el de protesta y reivindicación, pero quienes tienen en sus manos el BOE o el DOGV son los que legislan sobre el derecho al trabajo, el sistema de pensiones, el SMI, el IMV o el sistema fiscal y los servicios públicos. Conviene no olvidarlo.