El sábado 18 de febrero a las seis y media de la tarde, un vecino roció con una sustancia tóxica a varios centenares de personas que celebrábamos en Benimaclet (Valencia) un acto en homenaje a Guillem Agulló, el joven que fue asesinado en Montanejos hace 30 años por la ultraderecha.
El acto de celebración, que contaba con todos los permisos legales y que debía terminar a las 19.00 horas, tuvo que cancelarse antes de lo previsto. Por su parte, las víctimas del ataque, con quemaduras en la cabeza y en los ojos, nos dirigimos al Hospital Clínico para recibir un parte médico y poder denunciar. Según una enfermera, entre treinta y cuarenta personas se presentaron en el hospital con distintos tipos de quemadura. Tras la espera en el hospital, nos dirigimos a la comisaría de policía de la Alameda y denunciamos los hechos.
Justo después del ataque, dos policías locales subieron al edificio desde donde se había lanzado la sustancia, en la calle Reverend Tramoyeres, e inspeccionaron todos los pisos del edificio, de tres plantas. Hubo únicamente un vecino que no abrió la puerta, según nos dijeron. Por supuesto, el piso del vecino que no abrió la puerta era el que todos señalábamos con el dedo: estaba claro que nos lo habían tirado desde ahí. Así se lo dijimos a los agentes, quienes, para nuestra sorpresa, nos dijeron textualmente: “sabemos quién ha sido. Te puedo decir hasta el piso y la puerta”. Pero necesitaban que alguno de nosotros confirmáramos que habíamos visto a una persona lanzando la sustancia. Si no, por desgracia, poco había que hacer.
Sin embargo, ¿quién va a mirar hacia un tercer piso mientras baila, mientras habla con sus amigos? ¿O acaso la persona que lanzó el líquido no podía haberse asegurado de hacerlo desde una posición desde la que no se expusiera a ser visto? Unas horas más tarde, tras denunciar en la comisaría, otro agente de la policía nacional nos dijo: “la verdad, esto es muy difícil que vaya adelante”, y subrayó que sin una prueba sólida poco había que hacer.
En pocas palabras, casi cuarenta partes médicos de lesiones, otras tantas denuncias, la certeza de saber desde dónde se había producido el ataque, el agravante de que –tal y como nos confirmaron desde el local Terra, que había organizado el acto– no era la primera vez que ese mismo vecino les atacaba, la confirmación por parte de la policía de que sabían quién era… Todo eso, ¿no es suficiente para, al menos, realizar una investigación muy seria al respecto? ¿No es suficiente para recibir una cobertura mediática y tratamiento público acorde a la gravedad de lo sucedido?
Porque hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que ocurrió el sábado fue una barbaridad y no puede quedar impune. Lo que ocurrió fue un ataque político –otro más– contra un colectivo social. Nada de “radicales”. Nada de “exaltados”. Gente joven, trabajadora, familias. Gente que lucha por su barrio con la palabra y con la acción día a día y que trata de crear espacios comunes y de convivir en una ciudad que les devora. Hablamos de un ataque a un colectivo pacífico y de izquierdas que por eso mismo molesta.
Lo más grave quizás es que estos ataques están ya normalizados. Como si pertenecer a agrupaciones barriales o a asociaciones de izquierdas fuera en sí una provocación, un delito que ayer justificaba infiltraciones policiales, hoy agresiones y mañana, ¿mañana qué?
No lo sabremos, porque no se hablará de ello. O al menos, no tendrá más relevancia que la que tiene una noticia de la sección de sucesos, condenada a morir en veinticuatro horas: un señor lanza ácido a jóvenes. Punto final. ¿Y qué hay detrás de eso? De nuevo, digámoslo claro: esto no es un suceso y todos lo sabemos. No es una pelea en una discoteca. Es un ataque político contra un colectivo pacífico. Imaginemos por un segundo la situación inversa: imaginemos qué ocurriría si alguien rociara con ácido a doscientas personas de derechas agrupadas en una calle del Eixample para festejar lo que fuera. ¿En cuántas portadas habría aparecido hoy a nivel nacional? ¿Cuánta información tendríamos ya mismo sobre el perpetrador del ataque? ¿De qué se le acusaría? ¿De terrorismo? ¿Cuánto habrían tardado los reporteros y cámaras de Telecinco en conectar en directo?
Pero para mucha gente, parece ser, nosotros somos ciudadanos de segunda, y al perro apaleado, que más le da un palo más. No seamos nosotros mismos esa gente. No nos callemos. No nos conformemos.