Ante la actual situación de la inflación, Ximo Puig, en su intervención del pasado 5 de septiembre en Nueva Economía Fórum, anunciaba el hilo conductor de la política de su gobierno para el curso político 2022/2023: “Ahora no toca pensar en las urnas, ahora toca pensar en las neveras”. Con esta simple frase, el president valenciano resumía su hoja de ruta para enfrentarse a una realidad con duras consecuencias, otra vez, para el bolsillo de los ciudadanos de a pie.
Por lo que transciende de su intervención parlamentaria de esta semana, se ha aplicado de inmediato a estos objetivos, proponiendo una batería de medidas de gasto e ingresos públicos de indiscutible orientación en favor de los que más las necesitan.
Las medidas, reordenando prioridades de gasto para realizar ayudas selectivas a familias, trabajadores y jóvenes, son: gratuidad de libros de texto, cobertura plena de la educación infantil desde los dos años, ampliación de becas, gratuidad para los jóvenes y rebaja hasta del 80% en el transporte público, reducción de tasas universitarias, reducción del canon del agua, ayudas a los autónomos, etc.
Hasta aquí, todo en orden. Pero ¡ay!, Puig se ha atrevido a plantear un revisión del IRPF (sí, para no confundir ni irritar a nadie, llamémosle revisión, y dejamos intacta la “verdadera” reforma fiscal que debe llenar las arcas públicas españolas con 5 puntos más de PIB de recaudación, pero que, como a la otra gran reforma de calado, la financiación autonómica, nunca le llega el momento de zarpar) y, amén de la consabida reyerta partidista, como en los viejos y jacobinos tiempos, se ha destapado la caja de los truenos.
¿Qué revisión del IRPF ha propuesto Puig en las Corts Valencianes (donde reside la soberanía popular de los valencianos y que tiene la autoridad competente para aprobarla)? Pues, la verdad, una bastante comprensible en tiempos de elevada inflación si se quieren proteger las rentas bajas y medias.
Sabemos que la inflación es el impuesto más regresivo posible, porque el impacto del incremento de precios sobre el conjunto de bienes y servicios básicos que es ineludible consumir por individuos y familias (alimentos, energía, transporte, etc.), reduce en mayor proporción la capacidad adquisitiva de las rentas bajas y medias.
En consecuencia, en un contexto de inflación elevada, si en el IRPF no se deflactan el mínimo exento, la tarifa del impuesto y las deducciones en la aplicación de las vigentes, sin más, producirá un aumento de los tipos medios sobre la renta real. En conclusión, si no se hace esta “revisión” el resultado es que los contribuyentes pagan más por una renta que monetariamente puede ser igual o incluso algo superior a la del año anterior pero que ahora, dado el incremento de precios, tiene objetivamente menor capacidad adquisitiva. Tienen menos renta real.
Lo que está haciendo Puig es algo de sentido común (de “trellat”, en valenciano): acompasar el IRPF a los efectos de la inflación, intentando proteger la capacidad adquisitiva de las rentas bajas y medias, al menos, en la parte de las mismas, que se destina a pagar ese impuesto. No está bajando el impuesto, está evitando que suba.
¿Tiene algo que ver esta política con las anunciadas de supresión del impuesto de patrimonio? ¡Nada! Esta es una política que camina en sentido completamente contrario y busca ayudar a trabajadores y clases medias, la inmensa mayoría. La supresión del impuesto de patrimonio beneficia a menos del 0,5% de los contribuyentes, una minoría exclusiva y la más rica.
El actual Gobierno valenciano no se ha caracterizado precisamente por su relajación tributaria en el IRPF (sus tipos mínimo y máximo están en la franja alta de las CC.AA.), ni por su falta de compromiso con reformas fiscales de carácter progresivo. En 2017, llevó a cabo un cambio sustancial en el tramo autonómico del IRPF, consiguiendo que la rebaja de tipos impositivos de rentas inferiores a 53.000 euros (que había aplicado el anterior Gobierno del PP y que eran los más altos de España) se compensara con aumentos a las rentas de más de 70.000 euros y, además, rebajó el mínimo exento del impuesto de patrimonio.
El compromiso del Gobierno valenciano con la sostenibilidad del gasto necesario para atender y extender el Estado del Bienestar es inequívoco. Sería, desde luego, más llevadero, si la persistente infrafinanciación autonómica que azota a los valencianos desde el traspaso de competencias, allá por los años ochenta y noventa, se resolviera, aunque –como ya he señalado- para corregir esa flagrante desigualdad entre españoles, totalmente inaceptable desde una perspectiva progresista, parece que nunca es el momento.
No hay tampoco dudas sobre la contribución de los valencianos al esfuerzo común. Si analizamos el esfuerzo fiscal (midiendo el peso que representan los impuestos recaudados sobre la renta per cápita de los ciudadanos), los valencianos son los cuartos que más esfuerzo hacen. Los que menos, algunos territorios con las mayores rentas per cápita. A tener muy en cuenta en la urgente e imprescindible “verdadera” reforma fiscal.
En conclusión, mientras que las condiciones externas sobrevenidas y la acción del Gobierno de la UE y del Gobierno de España no obtengan los resultados que permitan llevar la inflación a una situación de control, todos los gobiernos, todos, están obligados a hacer lo necesario para que no paguen siempre los mismos, otra vez. El momento lo exige. Puig, al menos, lo intenta.