“Quan en Odesa i Moscou
sonen els canons de bronze,
l’arròs, que huí està a nou,
demà pujarà fins a onze“
Versos populares preferidos por los
historiadores Joan Reglà y Jordi Nadal.
Las elecciones andaluzas están ahí. A partir del 19 de junio es más posible el desembarco de la derecha en los principales resortes de poder en España. El círculo se va cerrando para los avances que se han producido en la vida española en los últimos años. No todo se ha hecho bien. Porque se podrían anular los logros progresistas que benefician a la mayoría de los ciudadanos. El País Valenciano se ha situado en la categoría de territorio decisivo y campo de experimentación de un proyecto territorial–conjunto y cohesionado– que componga la figura de la Comunidad Valenciana y permita al resto de autonomías en España, las que consagra la Constitución, proseguir en proceso ascendente, alejado de las amenazas involucionistas. ¿Qué defienden los valencianos? ¿Una lengua, una cultura, unas señas de identidad, su economía peculiar, el modo de hacer política que les permita sobrevivir como pueblo, financiación autonómica justa y paritaria, qué las inversiones del Estado no sean agravio comparativo, la confluencia y la convicción de la mayoría de los ciudadanos para que los valencianos no sigan en el vagón de cola?
Pactos
Los pactos del Botànic (I y II) y del Rialto (antes de La Nau) pintan mal. Los lectores piden una valoración en perspectiva sobre el momento actual de la “primavera” progresista valenciana. La que comenzó a rodar en 2015 tras más de cuatro lustros de supremacía de la derecha conservadora en el País Valenciano. Tres puntos de observación: la realidad valenciana, la española y la europea. Quienes vivimos aquello, sufrimos en nuestras carnes la hecatombe democrática que supuso, primero, la conquista del Ayuntamiento de València por las huestes de Rita Barberá (1991-2015) -a un concejal de distancia para caer en manos del creador de Unió Valenciana, Vicente González Lizondo– y la consecuente derrota del posibilismo de Joan Lerma (1982-1995) a manos de un político arribista que provenía de Benidorm, Eduardo Zaplana. Dentro de un año se celebrarán elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana. Las encuestas y los vaticinios anuncian, de momento, que PP y Vox, con lo que quede de Ciudadanos, pueden sumar una mayoría suficiente para recuperar la hegemonía que permitió a los partidos del espectro de la derecha esquilmar los recursos de todos los valencianos. En tal medida que, si alguien no lo remedia, volverán a ejercer el poder antes de que se hayan pagado las deudas que dejaron sus antecesores, en beneficio propio y de sus colaboradores necesarios. De aquel vendaval queda por escribir el interlineado. Las trapacerías conocidas, juzgadas, sentenciadas y amañadas no son más que la punta del iceberg que, como se sabe, nunca supera el 5% de la masa que permanece sumergida bajo las aguas. En muchos casos, para siempre.
Sin faro
El escenario valenciano adolece de falta de proyecto para la Comunidad Valenciana. El frente de la derecha no lo necesita porque se guía por la disciplina nacional española y cuenta con un socio de extrema derecha que directamente quiere acabar con las autonomías. En actitud beligerante con la forma y el espíritu de la vigente Constitución española. La siguiente posición centralista y española es la que mantiene en permanente cuerda floja al PSOE. Por una parte, necesita recuperar parcelas de poder en el País Vasco, Galicia y Catalunya, cuyas realidades sociales, territoriales, culturales e históricas exigen clarificar la postura periférica y centrífuga del partido que fundara Pablo Iglesias, sin un atisbo de pluralidad nacional ni regional. El caso valenciano es más complejo: tras la previsible confirmación de la pérdida del poder para el PSOE en Andalucía, la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, quedará como el último reducto en la autonomía más poblada y con mayor potencial económico, entre las que gobierna el partido de Pedro Sánchez, sólo o acompañado.
Carambola
El País Valenciano ofrece una conjunción política peculiar: el actual Consell de la Generalitat es el resultado del pacto a tres bandas entre PSOE, Compromís y U. Podemos. Esta carambola que funcionó en 2015 y en 2019, tiene pocas probabilidades de repetir en 2023 por varias razones: el primer traspiés puede derivarse de que el bloque de la derecha, comandado por los Populares de Carlos Mazón y la contribución reaccionaria de Vox, obtengan suficientes diputados para legislar y gobernar. El segundo interrogante proviene de la sequía de propuestas sugestivas para los valencianos que se observan en la presidencia de la Generalitat y en la formación socialista que la detenta. El cierre de la última crisis en el gobierno valenciano, con cambios de emergencia en los departamentos socialistas, ha constatado que el temporal político de los socialistas valencianos arrecia en mar abierto. La espoleta: la dimisión del ex conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà de Compromís. El tercer interrogante se cierne sobre la convicción de que no es tiempo de enfrentamientos y traiciones entre los partidos progresistas de gobierno (PSOE, Compromís y U. Podemos). La única posibilidad de reedición pasa por el fortalecimiento coordinado de los tres, obviando las causas de rencor y las zancadillas. Desde la prepotencia de quien se considera dominante a los aspirantes a recomponer el País Valenciano sin servidumbres a las centrales del bipartidismo que dirige la política española.
Nuevo coliseo
Entre los desatinos hay que distinguir los que son simples fallos, de los que, por su difícil superación, han marcado la trayectoria de los gobiernos de Ximo Puig de los últimos siete años. La carencia más destacada es la ausencia de un proyecto integral para el País Valenciano en cada una de las legislaturas consumidas y en perspectiva para la próxima década. De nada serviría la confección de estos planes si no es posible coordinar los objetivos de las fuerzas políticas coaligadas. Ante su imposibilidad, cabe la elaboración de planes de actuación de cada uno de los partidos que paradójicamente están cohabitando en las consellerias que comparten. Aún se llega a tiempo de realizarlos y darlos a conocer a los electores para que los valencianos puedan optar por la concepción territorial de futuro que más les convenza y les pueda interesar. Convertir la plaza Mayor de València en coliseo y campo de batalla donde compiten la Generalitat (nuevo edificio adquirido a Correos) con el Ayuntamiento de València– donde gobiernan los mismos socios– es la peor de las opciones ante la población perpleja y los partidos de la oposición que auscultan la fragilidad de las alianzas. Sin perder de vista que el Partido Popular ya tomó posiciones en el núcleo político del Cap i Casal, encuadrando a sus peones y alfiles en el Ateneo Mercantil, mediante una operación de acaparamiento de socios y subvenciones, que ni Botànic ni Rialto han conseguido contrarrestar a pesar de la ocupación partidista de la entidad, alejada de sus principios fundacionales.
Ententes opacas
La legislatura de 2015 se inició con la formulación no escrita de un pacto de “no agresión y complementariedad” entre las fuerzas económico-empresariales, representadas por AVE y aceptado por CEV. El que sella que los asuntos del área económica son competencia de los teóricos representantes empresariales –¿a quién representan? - (al abrigo de subvenciones y colaboraciones públicas) y los temas políticos quedaban supeditados a la presidencia de la Generalitat. Salvo si ambos grupos de poder entraban en conflicto, cuya resolución sería objeto de negociación entre ambas cúpulas dirigentes. En ese contexto se han desarrollado los fracasos y las desavenencias en torno al futuro de las instituciones feriales, la falta voluntad de diálogo en la ampliación Norte del Puerto de València demostrada por su presidente Aurelio Martínez. Designado por Ximo Puig, en la APV, recinto que es competencia del Ministerio de Transportes del gobierno Sánchez. Forma parte de este acuerdo tácito el ejercicio de las competencias de las Cámaras Oficiales de Comercio, que recaen en el campo de la conselleria de Economía. Cuyo titular, Rafael Climent, de Compromís, se limita a la resignación. Es peligroso dormir con tu peor enemigo.
Modelo económico
En el apartado de ausencia de políticas activas en torno a los sectores productivos, han transcurrido siete años sin que se inicie el cambio para el modelo económico valenciano en dos dimensiones fundamentales: la competitividad y la productividad. Vicent Soler, exconseller de Hacienda se reservó ese cometido y ha cesado sin iniciarlo. Destaca la ausencia de una política de impulso y promoción de la industria valenciana, una vez desaparecido el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) que concitó las iras del Partido Popular. Junto con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) que se encargó la derecha valenciana en controlar y hacerlo desaparecer e integrarlo en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). La Comunidad Valenciana carece hoy de un plan de reindustrialización de acuerdo con las circunstancias y condiciones actuales: tecnología, innovación y modernización. Un país sin industria está condenado a la precariedad.
Guerra y pandemia
Las graves consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania han encontrado una Comunidad Valenciana sin andamiaje productivo y sin preparación innovadora en : modelo económico, industrialización, agroalimentario, corredor mediterráneo de ferrocarril, tren de alta velocidad, infraestructuras terrestres, Universidades, formación profesional y lo que es más grave: las vacilaciones, los retrasos, cambios y la ineficiencia de las relaciones entre el Ayuntamiento de València y el gobierno de España, que han tenido como consecuencia la modificación e indefinición de los accesos ferroviarios a València y la interrupción del Parque Central, cuyos orígenes provienen de las disputas entre la exalcaldesa Rita Barberá y Josep Borrell en 1995, cuando fue ministro de Obras Públicas con Felipe González.
A tiempo
La falta de previsión y planificación conjunta sólo se puede superar con la elaboración de un plan coherente y armónico para el País Valenciano. Los partidos del bloque de la derecha no estudian ni desarrollan nada. No creen en la proyección a futuro de la Comunidad Valenciana. Obedecen directrices estatales, de acuerdo con los intereses que emanan de la política que se ordena desde los partidos políticos con sede en Madrid. El PSOE, a expensas de sus socios en el gobierno valenciano, puede todavía consensuar un proyecto para el País Valenciano. Aunque sólo sea para demostrar que la permanencia de las siglas PV en su logo no es sólo adorno contradictorio. El partido que dirige Pedro Sánchez necesita conservar reductos de poder en el territorio autonómico. Aún está a tiempo de restaurar la descomposición que se percibe en las filas socialistas autóctonas. Optar por la eficacia y la eficiencia. Para que sobreviva la influencia política de su partido en el País Valenciano. Tiempo hay. Conocimiento, también. Sólo falta voluntad política para conseguirlo. Humildad para reconocer los errores y enmendarlos. Conciencia de que está en juego la estabilidad del país y su homologación en España y en Europa.