Cada último martes, una digna movilización ciudadana, que persiste tras trece años de actividad, se concentra frente a la puerta azul del CIE de Zapadores de València exigiendo el cierre de los CIE y proclamando que ningún ser humano es ilegal. Se exige el cese de las arbitrariedades y falta de garantías con que se vulnera, cada día, los derechos humanos de personas allí retenidas, en consonancia con los informes de las principales instituciones internacionales o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España.
Cada año observamos cómo las instituciones y principales partidos políticos celebran actos conmemorativos en citas como el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) o el Día Mundial de los Refugiados (20 de junio), entre otros. Sin embargo, una vez más, los movimientos sociales, que con su trabajo prestan servicios que suplen la falta de sensibilidad y de cumplimiento de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas, demuestran ser la vanguardia en la transformación de la agenda pública y el cambio de prioridades.
A escasos metros de la Ciutat de les Arts i les Ciències, visitada por más de un millón de personas tan sólo en época de verano, la mayoría de ellas procedentes de otros países y colindante con el barrio supuestamente más mestizo y cosmopolita de València (Ruzafa), el CIE de Zapadores encoge el corazón de la ciudad con una indecente isla que supone una excepción a la dignidad humana, el ordenamiento jurídico y la propia democracia basada en la integridad de las personas o la solidaridad internacional.
Hablar del cierre de los CIE no es, por tanto, apostar por un interés ajeno al que nos interpela a los vecinos de València. Es obvio que, para muchos, la protección de los derechos humanos nos resulta una causa abstraída de tiempos o distancias, y que es motivo suficiente para oponerse a cualquier retención de la libertad, además, en condiciones penitenciarias severas e injustas. Pero también es cierto que una ciudad con un CIE en su trama urbanística es motivo para que la ciudadanía se sienta interpelada: la tristeza, la desesperación, la angustia de personas con aspiraciones vitales y sonrisas que quedan truncadas a la espera de una deportación que se suma a las arbitrarias devoluciones en caliente.
Los CIE materializan la irregularidad y la desproporcionalidad arbitraria que supone privar de libertad a personas titulares de todos los derechos humanos con motivo de una situación administrativa que pone en cuestión el Estado de Derecho, el cumplimiento de la legalidad y el propio modelo de democracia. Por eso, el cierre de los CIE no puede ser entendido como una medida aislada y desconectada de otros diseños institucionales que definen un modelo de extranjería más propio de un antiguo paradigma centrado en la vulneración de derechos y el control, bajo la justificación de la seguridad del Estado, que no un paradigma garantista que priorice y ubique en el centro el núcleo de derechos humanos que define las aspiraciones, la integridad y la dignidad de todas las personas.
El CIE de Valencia viene recibiendo personas procedentes del CIE de Aluche (Madrid), cuyo Proyecto Básico de Ejecución de Acondicionamiento nos permite detectar el modelo imperante destinado, literalmente, a “aumentar la seguridad y control tanto en el interior como en el exterior del edificio”. Se obvia, no sólo en este proyecto, sino en la perspectiva integral de gestión de estos centros, atender aspectos que forman parte del corazón de sus derechos, tal y como han hecho constar el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más allá de obras para el control es preciso mejorar condiciones sanitarias, aportar información sobre sus derechos en materia de protección internacional, garantizar su privacidad o aprobar un protocolo para tramitar quejas y denuncias ante malos tratos, así como otros protocolos preventivos del suicidio o las autolesiones. No son delincuentes.
Cada último martes de mes, València es un poco más digna durante los instantes en que transcurre la concentración ante el CIE de Zapadores. Pero el modelo de justicia, de protección de derechos y la propia democracia exigen que la sensibilidad, el ordenamiento jurídico internacional y la dignidad no cuenten con excepciones ni islas en el corazón de nuestras ciudades. Hoy, como ayer y siempre, cerremos los CIEs y lo queremos ¡ya!