Una noche de mayo de 2015, la todavía alcaldesa de València, Rita Barberá, se abrazaba al todavía delegado del Gobierno, Serafín Castellano, para lamentar la derrota de su partido en las urnas. “¡Qué hostia! ¡Qué hostia!”, se quejaba la política del PP en una escena que captaron las cámaras y que fue muy comentada. En medio de aquel trauma, antes de que llegara la izquierda a la alcaldía, en las oficinas de una fundación municipal se pusieron a todo rendimiento las trituradoras de papel para destruir la documentación que delataba la financiación ilegal de las campañas de ese partido en la ciudad.
Aunque no desmerecería en el género, no se trata del argumento de una novela, ni del guión de una serie noir. Es el sumario de una de las piezas separadas del caso Taula, la designada como pieza A, el que señala que el juez instructor supo por una carta anónima de un empleado que en la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau se destruyeron de forma masiva en 2015, antes del cambio de gobierno local, documentos anteriores a 2009, no solo en papel, sino también informáticos. “Se borró todo”, explicaba el anónimo denunciante.
No quedó ni rastro en la entidad de la relación con la empresa Laterne, que el PP local utilizó para organizar sus elecciones y drenar recursos públicos en favor de la financiación de esa formación en València (una financiación que al parecer también benefició a algunos personajes próximos a la exalcaldesa ya fallecida, como se investiga en otras piezas del mismo caso Taula). Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil logró detectar pagos por 616.000 euros efectuados desde la fundación municipal a cuentas bancarias del entramado de empresas de Laterne. Un entramado que llegó a captar, solo para la campaña de 2007, hasta 2,6 millones de euros de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.
Ha explicado en un artículo el director de este diario, Ignacio Escolar, que el ruido que la derecha genera estos días contra el Gobierno de España, con mentiras como las que ha esgrimido contra el ministro Alberto Garzón a propósito de sus declaraciones sobre las macrogranjas, esconde otras noticias que no le convienen. También ocurre en la Comunitat Valenciana, donde el PP, por ejemplo, ha dedicado unos días a tergiversar los datos de un informe sobre abusos a menores tutelados para difamar a la vicepresidenta Mónica Oltra. Y entre las noticias que el ruido intenta ensombrecer destaca la decisión de la Audiencia de València de enviar a juicio a quien fue gerente de Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas, en la época de Barberá, y al exvicealcalde, Alfonso Grau, por la presunta financiación fraudulenta de unas campañas locales que depararon mayorías absolutas a los populares.
Visto el modus operandi, la sospecha en este asunto recae sobre el conjunto de las campañas locales del PP (y son unas cuantas en casi dos décadas y media de hegemonía en Valencia), aunque la investigación judicial se haya centrado en las de 2007, 2011 y 2015. Hace unas semanas, en un auto escandaloso, la misma sección de la Audiencia sacó del caso a medio centenar de exconcejales y asesores del equipo municipal de los populares, que el juez instructor había imputado por supuesto blanqueo de dinero para las elecciones de 2015 procedente con toda probabilidad de la mecánica corrupta que estuvo en funcionamiento tantos años. Pero era imposible encontrar excusa alguna para no sentar en el banquillo a tres personas de la máxima confianza de la exalcaldesa como Salinas y Grau, que afrontan, entre otras, una acusación de malversación agravada, y a la secretaria del grupo municipal del PP, María del Carmen García Fuster.
El PP valenciano se comportó, desde la impunidad del abuso de poder, como una formación auténticamente antisistema (condición que avala ya un historial de sentencias como las de los casos Gürtel, Fabra, Terra Mítica, Emarsa, Blasco, o el saqueo de Canal 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006). Pero trata de volver a gobernar a toda costa y no dudó en levantar la voz para exonerarse colectivamente y exigir disculpas a quienes los denunciaron tras la milagrosa salvación judicial de sus exconcejales y asesores. Tanto el líder de los populares en el ámbito autonómico, que preside la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, como la portavoz simultánea de la oposición en el Ayuntamiento de la capital y en las Corts Valencianes, María José Català, insistieron en reivindicar el “legado” de Rita Barberá, a quien su mismo partido había dejado tirada cuando falleció. Por supuesto, mantienen silencio ahora ante esta otra resolución que sienta en el banquillo a tres de sus cargos de confianza en un procedimiento que evoca la inquietante imagen de una alcaldesa abrazada a un compañero de filas en el momento amargo de la derrota mientras en una fundación municipal se destruían pruebas de una corrupción política prolongada.