La inocencia de nuestro poeta más universal no será convalidada porque un hipócrita Consell exija a alguien que anule los juicios sumarísimos a los que fue sometido y sus consiguientes condenas. La inocencia de Miguel Hernández de todos los cargos por los que la dictadura franquista lo enjuició y dejó morir por inasistencia médica en la prisión, está totalmente demostrada por los datos y los relatos, por la historia.
Y sí, será “oficial” porque existe una Ley de Memoria Democrática aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez que contempla esa nulidad y la de todas aquellas personas que fueron acusadas, perseguidas, encarceladas e incluso fusiladas por el franquismo, por el mero hecho de no respaldar un golpe de estado y la posterior dictadura.
Miguel Hernández era de ideología republicana, defendió la legalidad democrática frente a los golpistas que provocaron la guerra de España, se negó a secundar el régimen de Franco y lo acusaron, juzgaron y sentenciaron por “adhesión a la rebelión, elemento de izquierdas, afiliado del partido comunista y por hacer propaganda roja en periódicos y folletos”. Incluso intentaron acusarlo de matar a José Antonio Primo de Rivera.
Todo esto es lo que quiere ocultar el Consell de Mazón, en contra de las peticiones de la familia y tras más de 80 años desde su asesinato. El cinismo del President de la Generalitat Valenciana no tiene parangón, en el discurso de investidura dijo que venia a honrar la memoria del poeta y ahora aprueba una Declaración institucional insultando esa misma memoria. Aprueba una declaración pidiendo al gobierno que oficialice la ilegitimidad de las condenas cuando hace apenas unos meses derogó la ley de memoria democrática autonómica, que ya contemplaba la declaración de esa injusticia.
Y tiene la “barra” de afirmar que las bondades de la ley de Concordia permiten homenajear a Miguel Hernández. Lo que se calla es que esa ley iguala a víctimas con verdugos; que con esa ley se podrá homenajear a por ejemplo Primo de Rivera – tal como han pedido sus socios de Vox en Elx - y que con esa ley se pueden proteger monumentos de exaltación de golpistas, con el único trámite previo de declaración como bien a proteger.
¿Cuándo tenemos que creer a Mazón? ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo dice honrar la memoria del poeta, cuando modela su posición por la presión social o cuando deroga leyes que reconocían lo que ahora dice defender?
La Ley de Concordia se aprobó en Les Corts Valencianes con los votos del PP y Vox, cuando este último ya estaba fuera del Consell. Una vez que los integrantes de la extrema derecha dejaron por iniciativa propia el gobierno de Castilla- León, el PP de aquella comunidad autónoma aparcó y rechazó la tramitación de una ley similar a la valenciana. Aquí Mazón persiste en su error. No fue una imposición de Vox, fue una vendetta de los populares hacia todos los que lucharon por defender la democracia y ni la ha retirado ni la retirará.
Estoy segura de que ningún avance obtendremos en las negociaciones en la comisión bilateral con el Gobierno de España para que esa ley entre en la senda constitucional. Tendrá que ser el alto tribunal el que a instancias del gobierno de Pedro Sánchez paralice la norma.
Lo de Mazón ya sabemos que es política de gestos, pero su cinismo llega a extremos insospechados. Nos demuestra su fondo cuando es incapaz de retirar su mal llamada ley de Concordia siquiera por tener un gesto con todas esas personas que, contrarias al golpe de estado del 36, mantuvieron la llama de la esperanza durante más de cuarenta años y sentaron las bases de la actual democracia española.