Pongan un político en la patronal

“Subornat per la por calla el silenci

tot el que ahir ,ferit, és avui història.

Culpables som del llim si el cant s’ofega

i la raó finix al temps de nàixer,

i la paraula, amor, de sobte es trenca

destil·lant una veu acusadora“.

Matilde Lloria. Veu necessària. València, 1962

Los empresarios con mayor peso –mando y ordeno– específico en el País Valenciano, Juan Roig, líder y Vicente Boluda, presidente del lobby, Asociación Valenciana de Empresarios, mandaron varios recados desde la improvisada tribuna de Ifema a la trinchera política de la Carrera de San Jerónimo. Roig, dolido por los ataques personales sufridos y ejercidos por la ministra saliente de Podemos, Ione Belarra, confirmó que los empresarios necesitan sosiego, estabilidad y seguridad jurídica. Acusó a los políticos de generar división entre los españoles y advirtió en tono inquietante que si en Portugal ocurriera lo que pasa aquí dejaría de invertir allá. ¿Y aquí? ¿Aviso o amenaza? Cerró el representante de AVE, Vicente Boluda con la insólita propuesta de convocar una consulta–¿referéndum?-- a los españoles para que se pronuncien sobre el pacto de investidura de Sánchez, cuando aún no han transcurrido cuatro meses de las elecciones generales que proporcionan legitimidad democrática al acuerdo.

De lo privado a lo público

Si los señores del dinero han entrado de lleno en la confrontación política, los empresarios valencianos deben incorporar en sus organizaciones dirigentes con experiencia y preparación política. No cualquier político con pretensiones, sino profesionales de alto nivel como lo hacen en sus compañías para que les proporcionen beneficios. Si no los tenemos, hay que formarlos y prepararlos para el duro combate entre el interés privado y el público con el fin de llegar a acuerdos beneficiosos para la sociedad. Llega el momento de reconocer la dimensión política de las reivindicaciones empresariales. Convengamos que se trata de política empresarial. La que persigue el control del BOE-Boletín Oficial del Estado– e influir o atemorizar con el poder del dinero o el manejo, directo o indirecto, de los medios de comunicación o los tribunales. Aunque se insiste en la independencia empresarial como bandera para abominar del mundo de la política, desde las cúpulas del asociacionismo empresarial siempre se ha hecho política. El corporatismo empresarial se ha concebido como un instrumento de confrontación frente a sindicatos y a la hegemonía ejercida por los partidos celosos y acaparadores de todas las parcelas de poder. Los empresarios han podido y han ejercido presión política, participando en contiendas electorales o influyendo en los partidos. Notables operaciones políticas son inexplicables (Ciudadanos, Vox, Corredor Mediterráneo) sin la participación organizativa y financiera del poder del dinero.

Saber quién manda

Los empresarios valencianos protagonizaron un acto reivindicativo– el séptimo cónclave para pedir el Corredor Mediterráneo de ferrocarril – en Madrid el 16 de noviembre, cuando se decidía la investidura de Pedro Sánchez para la jefatura del Gobierno. Destacaba la figura del líder empresarial valenciano, Juan Roig, seguido de su hermano Fernando, junto con sus colaboradores: Vicente Boluda, Carlos Bertomeu, Agnès Noguera, Eva Blasco, Enrique Lucas,Fernando López Miras presidente de Murcia y Carlos Mazón de la Generalitat Valenciana, Federico Félix y otra gente. Les flanqueaban en primera fila Josep Sánchez Llibre, presidente visible del empresariado catalán y Antonio Garamendi, en nombre de CEOE. El perfil de ambos es diferente. Uno político y periférico. El segundo trasplantado desde Bilbao. También político aunque menos profesional. En el mundo empresarial eminentemente piramidal y ademocrático es conveniente tener muy claro quién manda. José María Cuevas, presidente casi vitalicio ( sindicalista vertical) y muy político de CEOE (1984-2007) confesaba que cuando le llamaba Isidoro Alvarez del El Corte Inglés, dejaba todo para atender el teléfono.

Políticos de nivel

Los empresarios valencianos y catalanes difieren en su forma de abordar la gestión de lobby ante los grupos de influencia en Madrid DF y cúpula del poder político en España. Los catalanes –Foment y Pimec–, más profesionales, han abierto oficinas de representación en la capital madrileña dotadas de autonomía, recursos y técnicos cualificados. Foment la sitúa  cerca del Congreso – que tan bien conoce Sánchez Llibre, más político que empresario– en el número 11 de la calle Cedaceros. PIMEC, la organización de las empresas pequeñas y medianas de Catalunya tiene la suya dirigida por un político de nivel europeo y economista, Ferrán Bel, para facilitar la interlocución con las entidades e instituciones oficiales, públicas y privadas que cuentan con centros de decisión en Madrid. Los valencianos optaron por visitas esporádicas sin concierto ni continuidad y la camaradería con la Generalitat de Ximo Puig, a través de la entidad Conexus (Manuel Broseta), coparticipada por empresarios y políticos del Botànic.  No funcionó nunca por su composición mixta. La cohabitación fue una de las fórmulas que esterilizaron la eficacia en las gestión de los gobiernos de Ximo Puig: consellerias, instituciones, entidades, Feria, Puerto, Diputación, La Marina, Cámaras de Comercio, Corredor Mediterráneo, grandes iniciativas innovadoras.

Veto y humo

El voluble dirigente empresarial Antonio Garamendi convocó una reunión urgente en la sede de CEOE en Madrid para lanzar una advertencia ante el pacto entre PSOE/ Sumar y los partidos soberanistas catalanes para afianzar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Temblaron las paredes del edificio de Diego de León,50. Salió el documento, que ya estaba previamente redactado ,a modo de soflama apocalíptica contra avenencias y compraventas –no las primeras ni las más sorprendentes: Majestic, hablar catalán en intimidad, ministros catalanes a porrillo, ofrecimiento de coalición a Pujol o el reciente anzuelo del ministerio de Industria para el PNV–. Josep Sánchez Llibre, en nombre de sus representados y presidente de los grandes patronos catalanes ejerció el veto: en el escrito que emitieron los empresarios no podía aparecer la palabra amnistía ni pronunciamiento alguno contra el perdón de una trastada anticonstitucional que acabó con el exilio de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya y con Oriol Junqueras, su vicepresidente, condenado a trece años de prisión. Salió una densa columna de humo de la sala de juntas en la sede madrileña de CEOE.

Nuestro partido, la empresa

Los empresarios y la política es una lección magistral todavía pendiente para los asuntos sin resolver en los círculos y entidades económico-empresariales. El primer presidente de la CEOE en democracia, el catalán Carlos Ferrer Salat, se preguntó retóricamente ante las elecciones de 1982 que ganó el PSOE de Felipe González: ¿ A qué grupo político apoyará la CEOE?. Respondió: “Nuestro partido es la empresa, que es la fuerza de un país, el origen de la renta de sus habitantes, el motor del cambio y del progreso”. El vasco Antonio Garamendi, que preside en la actualidad CEOE, siente que se enfrenta a un jaque mate permanente desde el empresariado catalán. Sabe que las raíces de CEOE entroncan con sus organizaciones fundadoras: la patronal catalana Foment del Treball Nacional- piedra angular sin la cual CEOE no hubiera sido posible–, la Confederación Empresarial Valenciana --presidida por Vicente Iborra Martínez– y grupúsculos empresariales madrileños todavía sin cristalizar y enfrentados entre sí. Los empresarios catalanes se juegan la pacificación y la normalidad con la amnistía. Quieren a toda costa que vuelvan las empresas –más de 2.000– que abandonaron Catalunya en 2017 mediante un golpe bajo del gobierno popular de Mariano Rajoy. Otros miembros de CEOE prefieren mantener las espadas en alto, no sin rédito político y económico para los beneficiados.

No hay negocios, hay hombres

Se ha demostrado que CEOE es inconcebible sin las patronales catalanas. Todo se debe negociar sin imponer. Se dirime la coexistencia entre el poder empresarial catalán y el afincado en Madrid. Nadie debe pasarse en despotismo ni en intransigencia. Madrid se aprovecha del efecto capitalidad que debería compartir y compensar con otras zonas de España. No es deseable un Estado que padezca macrocefalia capitalina. La hegemonía del nacionalismo madrileño y exacerbado por la supremacía que ejerce Isabel Ayuso, complica la relación y el respeto de las diferentes partes del todo. Los empresarios autonómicos valencianos han de estudiar y resolver cómo quieren jugar en este partido, velando por los intereses generales de los cinco millones de valencianos. Todo indica que se sigue improvisando al actuar sin pauta ni estrategia para afrontar la encrucijada. Ignacio Villalonga Villalba, paradigmático empresario valenciano y político frustrado a la fuerza, afirmaba: “No hay negocios, hay hombres”. Y también equipos.

Si cada uno sigue pensando en lo suyo y anulando a los demás. Si sólo se mira por sus barcos, sus cerámicas, sus hoteles, sus supermercados, sus plantaciones, sus turrones o sus zapatos, no es posible el despegue de la economía valenciana que adolece de raquitismo emprendedor conjunto y carencia de perspectivas. No basta con ejercer de mecenas errático. Las orquestas necesitan excelentes solistas y múltiples instrumentos de viento y cuerda para que el concierto suene hasta entusiasmar bajo la batuta del animoso director. La alternativa conduce a improvisar acciones, sin ritmo ni sentido, para obviar la responsabilidad colegiada de las partes conducentes al mismo fin. Esa actitud, ajena al esfuerzo común, es sabido que conduce al deterioro constante del país.

Anotaciones al margen:

1- El título VII de la Constitución proclama que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. En el apartado 2 del artículo 129, confirma que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

2- Para la política que afecta a los empresarios: De los 10,7 millones de votos que consiguieron PSOE y Sumar el pasado 23 de julio en las elecciones generales, 1,3 millones procedían del País Valenciano. Más del 10 por cien. ¿Se corresponde con el papel que juegan los valencianos en el conjunto del Estado?