Siempre nos quedará Dillinger

En estos días aciagos, en los que valencianos lloramos la pérdida de dos conselleras a las que han cesado porque nadie las conocía, la única alegría que nos ha deparado la semana es el nombramiento de Irene Rodríguez como secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias. Aquí no se discute el currículo. Cuando has sido mano derecha de Serafín Castellano, el capo del ‘cartel del fuego, el perfil para aterrizar en un Consell al que le faltan dedos para adjudicar obras a empresas vinculadas a la Gürtel, lo das de sobra.

Nombrando colaboradores Mazón no es muy bueno, pero de guasa va sobrado. Pero las críticas al president, es verdad, son ya una cacería ad hominem. El otro día este mismo diario le afeaba que hubiera mentido a las Cortes para justificar su injustificable desaparición el día de la DANA. Clickbait de manual. Noticia sería que hubiera dicho una verdad, aunque fuera em un lapsus.

 De reírse para no llorar va la cosa. En la barra de un bar —su hábitat natural— veo un periódico que asegura que el gobierno destina a Cataluña 200 millones que le niega a la Comunitat Valenciana. Muy mal tiene que ir la cosa para sacar la carta de la catalanofobia, pero han venido a jugar. Mientras bebo para olvidar, saco el móvil. Craso error. Ahora resulta que el dinero que venga de Madrid vía ICO les va a costar a los afectados 860 millones en intereses. Eso sí, 24 millones volverán al estado vía impuesto a la banca. La segunda parte me parece bien, llevo apoyando el impuesto a la banca desde Dillinger.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, anunció recientemente la puesta en marcha de 350 millones en ayudas a coste cero. Teniendo en cuenta la debacle, puede parecer que no es mucho, pero menos da una piedra y, como encima fa paret, nada que objetar. Por supuesto, los anunció a coste cero. La letra pequeña del anuncio dice que el gobierno valenciano asumirá los más de 60 millones que cuesta la operación. Es decir, pagar, habrá que pagar, pero —y esto es bien— no serán los afectados, sino todos a escote. Como debe ser. También los podía haber anunciado a coste -10% y así hubiera conseguido más titulares. Mucha jeta.

El problema no es que Merino — a los que hay que sumar Enrique Montes, presidente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), y José María Badía, director general de Afin-SGR— esté haciendo algo malo con los préstamos, sino, en aras de que su jefe premie su fidelidad con un terroncito de azúcar, aproveche la ocasión para enmerdar. Bastante tienen los afectados con la que ha caído —y con la alarma que llegó tarde— como para añadirles más incertidumbre. Podrían haberlo presentado como una ayuda más, tan necesaria como todas, y adecuada a los recursos con los que cuenta. Pero había que echar una paletada de ese fango que aún queda en muchos garajes.

Debería recordar Merino que si el partido en el que le han dado cobijo—y del que tan mal hablaba cuando se ganaba las lentejas en Ciudadanos— puede tirar de IVF y SGR es porque el anterior gobierno consiguió devolver la solvencia a esas cuevas de Ali Babá en la que sus predecesores los habían convertido. Si las tornas no hubieran cambiado, lo único que hubiera podido aportar al esfuerzo son las telarañas que se dejaron en las cajas fuertes sus antiguos inquilinos. Y si no se las llevaron, seguro que fue más por falta de tiempo que de voluntad.

El gobierno central también está poniendo de su parte. Es su obligación y no hay nada que agradecer. Las cifras marean, pero igual no es suficiente. Si a los afectados les parece poco, me adhiero a su opinión. Por ejemplo, entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), la Empresa Pública de Financiación Empresarial (Sepides) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a aportar 1.740 millones de euros de financiación a tipo cero. Tampoco cubre la magnitud de la tragedia, pero es otra pedra fent paret.

El ICO, por su parte, ha diseñado un programa que permitirá acceder al crédito a un millón de personas y empresas. En total, 6.250 millones de euros para ofrecer avales gratuitos frente a las entidades financieras (privadas) que participan en el proceso. Si nos creemos los datos de la institución, un millón de personas y más de 60.000 empresas podrán beneficiarse. Así no solo se garantiza el acceso a la financiación —ojo, también a las familias, olvidadas en las ayudas de Merino—, sino que se hace a un coste muy razonable: nada. Otro dato: ni durante la Covid, los avales del ICO fueron gratuitos.

Pero los bancos privados no son hermanitas de la caridad y, aunque lo fueran, lo mínimo que pueden cobrar es el Euribor. Lo contrario sería poner ellos la pasta y ese peligro no lo veo. Luego, cada entidad, pone sus condiciones en forma de más o menos tiempo de carencia, algo más o menos de intereses… Algunas han puesto un 0% si se devuelve en doce meses. Viniendo de quien viene, es para dar palmas. Gratis no hay nada, ni la comida de El Ventorro, aunque no aparezca la factura. Quién sabe, igual también estaba avalada por el IVF.

De momento, tan mal no se debe estar haciendo cuando en la primera semana, el ICO recibió 2.000 solicitudes por un valor total de 250 millones de euros para financiación. Y si no parece mucho, cabe añadir que algunos bancos todavía no tenían listas las plataformas informáticas. Bancos que, por cierto, están adelantando las ayudas con un 0% durante un tiempo —algunos hasta un año—, un plazo más que razonable para que las ayudas lleguen a los bolsillos de la gente y las puedan devolver sin añadir un euro de su bolsillo.

La actitud de Merino no es tan diferente de la de Susana Camarero. La Ayuso de Hacendado se opone a que el Gobierno ponga en marcha una empresa para construir vivienda pública. Si ya dice poco de su capacidad intelectual que se crea una promesa de Sánchez, peor lo pone cuando denuncia que sería «una injerencia» que invada competencias autonómicas. Supongo que le habrá dado un sudor frío la simple perspectiva de que alguien ponga en pie por estos lares algo más grande que una tienda de campaña y que el PP no pase el plato. Hasta Feijóo le afeó a Sánchez que no declarara el estado de alarma por lo bien que estaban —y están— gestionando la DANA; tanta hiperventilación está de más. Y Camarero es la lista del Consell. Apaga y vámonos.

Pero si hay algo que apagar es ese árbol de luces —llamado ‘de la solidaridad’ porque de la ‘hipocresía’ era demasiado evidente— que han plantado en la Plaza del Ayuntamiento. En Bareyo, un pueblo de Cantabria, han decidido que el que quiera luces que se las ponga en el balcón, que la partida municipal destinada a esos menesteres se iba para Catadau destinado a rehabilitar un edificio público dañado por la DANA. Y no han lanzado fuegos artificiales como si hicieron para inaugurar el famoso arbolito. Estoy por pasarme por La Torre para ver si desde ahí se ven las lucecitas solidarias. Parafraseando a María Antonieta: si tienen hambre, que coman bombillas.

¿Lo han hecho bien Merino & Co con las ayudas? Creo que sí. ¿Lo han hecho bien el resto de instituciones? Pues creo que también. Lo que está muy feo es añadir más tensión de la que ya hay y añadir más incertidumbre a los afectados para ponerse una medalla y rascar un titular de la prensa afín. Y si todo se queda en el papel —lo de la Generalitat o lo del gobierno central—, si los grandes beneficiados no son los afectados, siempre nos quedará Dillinger.