En Orihuela, al menos en política, todo es posible: la ciudad concentra alrededor de un tercio de las investigaciones abiertas por corrupción en la Comunitat Valenciana, cuatro de sus siete alcaldes desde 1997 han sido condenados o imputados por delitos de esta naturaleza y, ahora mismo, la mitad de concejales del PP está siendo investigado por los tribunales.
Las elecciones europeas han ratificado la vigencia del fenómeno: la impunidad –social, también- de la corrupción. El PP ha obtenido 8.500 votos (un 45%), 16 puntos más que este partido en el resto de la Comunitat Valenciana y mucho más que sus rivales. El PSOE se ha quedado con 4.400 (23%), UPyD con 1.400 (7%), EU con 1.200 (6%) y Podemos con 1.000 (5%). Compromís (Primavera Europea) apenas supera los 200 (1%).
Con estos datos, asumiendo que extrapolar los resultados de unas elecciones europeas a unas elecciones locales es un ejercicio arriesgado y poco científico, el PP rozaría la mayoría absoluta en el ayuntamiento, ahora gobernado por una coalición entre el PSOE y Los Verdes que ya ha salvado dos intentos de moción de censura de los populares.
Es verdad que el PP local pierde 8 puntos porcentuales (del 53 al 45%) respecto a las últimas elecciones locales, pero esa cifra es ridícula comparada con la caída del PP valenciano, que se deja 23 puntos en un desplome sin precedentes. Por unas cosas u otras, los votantes de Orihuela no castigan la corrupción del PP local o autonómico o una gestión que ha dejado la Generalitat al borde de la quiebra.