El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la Conselleria de Sanidad para que le entregue los tres informes oficiales que certifican que no acudió a su puesto de trabajo en la dirección territorial de Alicante al que estuvo adscrito entre los años 2007 y 2014. El edil asegura que los datos, que fueron entregados de manera oficial a la diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà, “son contradictorios” pero no aporta pruebas.
Pero este pasado oscuro de su etapa laboral, donde entre 2007 y 2011 no hay ningún registro en la Conselleria de Sanidad sobre su actividad laboral, no ha sido obstáculo para que Bascuñana haya intentando granjearse una imagen de político transparente, con el apoyo de su partido. Y es que el alcalde de Orihuela es vicepresidente de la red de entidades locales por la transparencia y la participación de la Federación Española de Municipios y provincias.
Su cargo obliga a garantizar en su gestión pública “el refuerzo y el incremento de la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares”. Unas prácticas que no se aplicó a su vida laboral mientras cobraba más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y siendo presidente de la Diputación de Valencia.
El alcalde de Orihuela asegura que hasta la fecha “no tiene ninguna comunicación oficial o formal de la apertura de expediente por parte de la Conselleria de Sanidad ni ningún documento referente a los informes que se han emitido y que me atañen directamente como interesado”. Y eso que fue la propia Consellera de Sanidad, Ana Barceló quien leyó las conclusiones iniciales sobre su trabajo como asesor zombie en la dirección territorial de Alicante entre 2007 y 2014.
El alcalde de Orihuela afirma que, según los expertos legales consultados y los responsables de la administración, “incluida la consellera Ana Barceló, este tema no tienen ningún recorrido salvo el del linchamiento mediático”.
Del mismo modo, ha detallado cómo en los tres informes publicados la información ofrecida es contradictoria, ya que en el caso de la directora territorial, Encarna Llinares, “tiene un claro interés partidista al firmar el documento en el que dice que no consta la adscripción funcional que sin embargo sí que adjunta el director del Departamento de Salud, y que fue publicada por un medio de comunicación”.
Ante esta situación, Bascuñana ha insistido en que “esta noticia vuelve a salir a pesar de que no hay novedades porque estamos al final de la legislatura y hay que nombrar alcaldable”, al tiempo que ha añadido que “voy a seguir defendiendo los intereses de Orihuela haciendo todo lo que esté en mi mano como hasta ahora, aunque eso moleste a los adversarios políticos”. Así, el regidor oriolano ha asegurado que si realmente existiera alguna irregularidad o alguien tuviera alguna sospecha “lo llevarían al juzgado, pero no les interesa porque saben que no existe ninguna irregularidad y esta es la forma de sacar más rédito político”.