Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de toda la Comunidad Valenciana se han concentrado este lunes ante les Corts en protesta por la ley de Función Social de la Vivienda que prepara el Consell. Los antidesahucios consideran que la ley se ha quedado corta y que es “insuficiente” en lo que respecta a la protección del derecho a la vivienda.
Alrededor de 200 personas se han congregado frente al Palau dels Borja para trasladar sus reivindicaciones antes de la comparecencia de sus representantes en la comisión de Vivienda. Los portavoces se han mostrado muy descontentos con la actitud del Consell. “Hay muchos puntos rescatables -de la ley-, pero no se atreven a una defensa valiente” por temor a la banca, critican. Llegados a este punto, comenta su representante, Jose Luis González, exigen un posicionamiento: “o están allá con la banca, o aquí con la gente”, sentencia.
La plataforma considera que la ley supone un gran paso respecto a la situación con el anterior Ejecutivo, pero no el suficiente. Para la PAH, el Consell del Botànic, si mantiene la ley como está en este punto, estaría continuando las mismas políticas del PP. De hecho, muchas de las consignas que lanzaban los manifestantes eran los mismos que cuando gestionaban los populares: “esto nos pasa por un gobierno facha” o “dónde están, no se ven, los corruptos del PP”.
El proyecto de ley actualmente se halla en fase de participación ciudadana y este lunes ha sido el turno de los representantes de la plataforma Stop Deshaucios. Este colectivo ha estado colaborando con los grupos políticos para la elaboración del proyecto de ley y considera que se ha hecho oídos sordos respecto a muchas de sus propuestas.
Las reivindicaciones de la plataforma, trasladadas a les Corts en forma de 64 enmiendas exigen la paralización efectiva de los desahucios, el rescate a las familias deudoras (una vez incluso han sido expulsadas de sus hogares) y que se gestione el uso de los pisos vacíos en el parque de viviendas con alquileres sociales. Asimismo, se exige la protección de las familias más vulnerables. “Una persona en paro gana unos 400 euros al mes y es insuficiente para mantener luz, agua, comida e internet”, denuncian.
La semana pasada se presentó un informe del Consejo General del Poder Judicial que certificaba que durante el segundo trimestre de 2016 se practicaron 2.901 lanzamientos, frente a los 2.681 practicados entre abril y junio del año 2015, un 8% más. Estos datos sitúan a la Valenciana en la tercera posición de la lista de comunidades autónomas donde se practicaron mayor número de lanzamientos en el segundo trimestre de 2016, sólo por detrás de Cataluña y Andalucía. A grito de “sí se puede”, la PAH volverá a reclamar el derecho a una vivienda digna.