La deportación de la mujer boliviana de 63 años que reside en Valencia desde hace 17 ha sido paralizada después de que sus representantes hayan presentado un recurso a la orden de expulsión, lo que ha propiciado su puesta en libertad tras dos días en los calabozos de la comisaría de Paterna.
Fuentes de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana han informado a EFE de que continúan analizando el expediente de esta mujer, que iba a ser deportada a Bolivia porque un juzgado considera que no tiene arraigo suficiente en Valencia, con la intención de dar una respuesta lo más rápida posible.
Según Cristina Martínez, portavoz de la plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO), que se paralice la orden “no significa que se haya revocado”, y ahora la mujer “tiene que tratar de conseguir un permiso de residencia”.
La plataforma ha indicado que la mujer trabaja como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos, y tiene dos hijos y tres nietos españoles.
Asimismo, ha denunciado que su orden de expulsión estaba desde el 28 de enero en la comisaría y no fue notificada a tiempo a su abogada, impidiendo que la letrada pudiera actuar para paralizar la expulsión, lo cual “es una clara vulneración del principio del derecho a la asistencia legal”.