La Policía Nacional estableció varios dispositivos de seguimiento al expresidente de la Diputación y exlíder del PP de Castellón Carlos Fabra para demostrar que seguía usando un vehículo de lujo con el que, teóricamente, había abonado un préstamo. El expolítico del PP transmitió siete vehículos valorados en 79.000 euros a la empresa familiar Sipcas SL (“una mera sociedad pantalla carente de actividad real”, según el juez instructor) como dación en pago de deudas.
El nada desdeñable parque móvil de Fabra estaba compuesto por varios vehículos de coleccionista como dos Triumph, un Austin, un Prosche Cayenne, un Morris Mini Cooper, un Alfa Romeo modelo Spider 20, sí como un Jaguar, según acredita un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este diario.
La mercantil Sipcas SL vendió seis de estos siete vehículos tras la dación en pago (percibió, al menos, 40.855 euros), aunque sólo hay constancia de pago en relación a tres coches.
El Jaguar, de hecho, siguió en manos del propio Carlos Fabra. Los agentes encargados de las pesquisas establecieron un dispositivo de seguimiento al expolítico del PP. Así, el 5 de marzo del 2019 los agente siguieron a Fabra en un desplazamiento acompañado de su chófer para recoger el Jaguar modelo S-Type color verde oscuro en un taller de reparación de vehículos en Castellón. De allí, Fabra fue en el Jaguar hasta su domicilio en Les Platgetes de Oropesa.
El 6 de marzo, los policías captaron a Fabra desplazándose en el mismo vehículo a Castellón y luego a Madrid, donde permaneció al menos hasta el día siguiente. Tres meses más tarde, el 12 de junio, los agentes vuelven a pillar al expolítico del PP conduciendo el Jaguar en el transcurso de una vigilancia policial.
La investigación ha podido acreditar así que la transmisión del vehículo como dación en pago fue una “mera forma de justificar el trasvase de fondos”, al haber detectado que Fabra seguía usándolo. La mercantil Sipcas SL, administrada por el hijo de Fabra, era una “mera sociedad pantalla” que ingresó 232.897 euros de Becsa SA, la constructora de la familia Batalla, para supuestos trabajos en países extranjeros, “aparentando ficticiamente” la familia Fabra tener los contratos necesarios, según apunta el juez.
El PSPV-PSOE se retira de la acusación popular
Tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el instructor Jacobo Pin y la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en el que el representante del Ministerio Público solicita severas penas de prisión para él y varios miembros de la familia, el siguiente paso era que la acusación popular presentara su escrito de acusación.
La formación, sin embrago, ha optado por retirarse al dar por cumplido su trabajo en este caso y considerar ajustadas las peticiones de pena de la Fiscalía. La personación de los socialistas en la causa ha sido más bien breve (la solicitaron el pasado 22 de enero y el juez la aceptó el 9 de febrero). El PSPV-PSOE considera que las penas de prisión solicitadas por Anticorrupción marcan un buen punto de partida para la siguiente fase de apertura del juicio oral. El Ministerio Fiscal solicita un total de doce años de cárcel para Carlos Fabra y multas que suman 18 millones de euros para el expolítico, su exesposa, su hija y su yerno.
Además, los socialistas también se ahorran formular el escrito de acusación, en el que debían pedir penas de prisión, inhabilitaciones y multas para los procesados de la familia Fabra pero también para destacados empresarios castellonense de primera línea. La formación, eso sí, sigue personada en la causa que afecta a Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d'Alba, exvicepresidente de la Diputación y antigua mano derecha de Carlos Fabra, por la compra de fincas en su localidad, supuestamente a sabiendas de su posterior rectificación urbanística.