El exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, ha admitido este martes que permitió que Aguas de Valencia invirtiera un préstamo concedido para blindar la compañía a la compra de unos terrenos en Castellón, pese a que el Banco de España había advertido antes del alto riesgo inmobiliario que sufría.
Parra ha comparecido como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, y a su familia por parte del BdV, entidad que posteriormente fue intervenida y adquirida por CaixaBank.
Según han informado fuentes jurídicas, Parra ha defendido que informó verbalmente de la operación inmobiliaria tanto al que fuera presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, como al resto de miembros del Consejo de Administración, en cuyas actas no se mencionó nunca este proyecto.
En la denuncia que dio origen a esta investigación, el FROB, que ejerce de acusación particular, asegura que Parra intervino en una serie de operaciones “de dudosa racionalidad económica” al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio de la entidad, al que provocó un agujero cercano a 137 millones.
Destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la compra de acciones de Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de Capital Residencial.
Asimismo, explicaba que el banco le concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54-, lo que permitió a la familia Calabuig hacerse con el control de Agval.
Tanto el FROB como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el Banco de Valencia concedió estos préstamos para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó la compañía valenciana para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de Aguas de Valencia.
Calabuig admitió en su declaración como imputado que invirtió ese dinero en comprar acciones de la sociedad Costa Bellver, promotora de un proyecto inmobiliario en Oropesa del Mar, pero precisó que el crédito no era finalista y que, por tanto, podía destinarse a lo que se estimase oportuno.
En la misma línea, Parra ha coincidido en que el crédito en principio se concedió para la opa pero que, al no ejecutarse, podía dirigirse a otros fines.
No obstante, ha reconocido que supo que finalmente fue a parar al proyecto inmobiliario en marzo de 2009, a pesar de que meses antes el Banco de España había alertado en un informe a la entidad de su alto riesgo inmobiliario.
El FROB acusa a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, y señalaba en su escrito que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.
Pedraz le mantiene imputado por “conductas que acabaron provocando la reestructuración de la entidad” y su posterior intervención en el resto de piezas abiertas a raíz de nueve querellas del FROB contra la que fuera la cúpula del Banco de Valencia y varios empresarios.