El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado la imputación de los 13 antiguos miembros del consejo de administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.
La medida afecta, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.
Pedraz, que ha adoptado esta decisión en la pieza principal en la que investiga el Banco de Valencia, se ha basado en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.
El resto de los imputados a los que se amplía la imputación son los exconsejeros Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila. A todos ellos se les atribuyen delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta.
“Deficiencias de gestión”
En un auto notificado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 señala que los 14 imputados “deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas” y los que realizó la Inspección del Banco de España.
Este organismo detectó en 2009, según recogía el informe de la IGAE, “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros”.
A juicio de Pedraz, resulta “pertinente y necesario” ampliar la imputación de falsedad contable al ejercicio de 2010 “en el supuesto de que los cálculos del Banco de España sean los correctos o si existe un error en la cobertura genérica considerada y el efecto negativo en resultados es superior al señalado”.
Documentación al Banco de España
Para acreditar estos extremos, el juez solicita a la Dirección General de Supervisión del Banco de España el escrito de recomendaciones que envió al Banco de Valencia el 13 de marzo de 2009, referido a la inspección de 30 de septiembre de 2008, y reclama que explique “cuál fue la vía para canalizar” estas exigencias.
De igual modo, pide las actas de las reuniones en las que desde el organismo supervisor se dieron “recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias de gestión y errores contables puestos de manifiesto en las revisiones realizadas” y que se detallen las “medidas ofrecidas y/o aceptadas” por el Banco de Valencia para su resolución.
El juez también solicita al Banco de España los informes de seguimiento trismestrales posteriores al 30 de junio de 2010, que concrete qué vía se utilizó para canalizar las recomendaciones y que expliqué por que en diciembre de 2009 determinó que la entidad había adoptado un exceso de provisión genérico por importe de 308,54 millones de euros con el que se pretendía compensar un déficit de coberturas de 420.41 millones.
Otros imputados
En la causa principal sobre el Banco de Valencia, que el juez Pedraz asumió en junio de 2012 a partir de una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), Pedraz también imputó a las sociedades Deloitte, Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.
Además, el magistrado instructor admitió a trámite otras nueve querellas sobre la concesión de créditos irregulares, entre los que se encuentran los que habría recibido el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.