El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado una de las piezas que abrió por créditos irregulares contra los responsables del Banco de Valencia, entre ellos su exconsejero delegado Domingo Parra, pese a que el Banco de España ha cifrado en 12,6 millones el perjuicio causado.
En un auto, el magistrado recoge la tesis de la Fiscalía Anticorrupción para concluir que en la “financiación concedida a Royactura no queda acreditada irregularidad alguna relevante desde el punto de vista penal”, y que el perjuicio generado “no era previsible” en 2006, cuando se otorgaron los créditos a Royactura para la adquisición de unos terrenos en Móstoles (Madrid).
Tampoco su refinanciación estuvo “destinada a beneficiar a terceros en perjuicio de las entidades bancarias”, sino que se realizó para eludir las consecuencias del concurso de acreedores que solicitó la sociedad en junio de 2009.
Pedraz ha tomado esta decisión después de que Anticorrupción apoyara recientemente el archivo que había pedido uno de los imputados, Manuel Setién.
Sin embargo, hace menos de un mes, la fiscal Concepción Sabadell, se había opuesto ante los “indicios” de que este podría haber cometido un delito de administración desleal con la financiación otorgada.
Las operaciones consistieron en la concesión de una línea de crédito de 18 millones después ampliada a 40 millones, y en otros cinco créditos otorgados por Bancaja por valor de 20 millones, todos ellos refinanciados tres años después.
Quebranto de 32 millones para BFA-Bankia
Con ellas, el Banco de España ya cifró en 2013 un quebranto para el grupo BFA-Bankia, en la que integró con otras seis cajas, de 32 millones (un 74 % del total) a diciembre de 2012.
La fiscal pidió el archivo después de que dos peritos designados por el Banco de España concluyeran que las operaciones que denunció el Banco de Valencia no se realizaron “de acuerdo con unos principios de gestión prudente”, ya que se financió por importes de alrededor del 100 % del precio de adquisición de los terrenos.
Un precio que además contenía “un elevado componente especulativo”, esto es, la aprobación de un plan que los reclasificaba a urbanizables y unas expectativas de precios y plazos de venta que “no se compadecían con la realidad existente en dicho momento”.
Los dos expertos también confirman que no se realizaron tasaciones hipotecarias de los suelos, “de modo que no se contempló el hecho de que los valores hipotecarios” a la fecha de la concesión de los créditos “resultaban muy inferiores a los precios de compraventa”. Consecuencia de ello es que se alcanzó “un exceso de riesgo” de 15,8 millones.
No se alcanzaron las expectativas
Dado que no se alcanzaron las expectativas, se refinanciaron las operaciones “con perdida de las garantías personales” en 2009, cuando el valor de los terrenos “ha caído muy significativamente” por el empeoramiento de las condiciones de mercado, con una caída de precios del 15 %.
Con todo ello, los valores de tasación se redujeron a los 4,8 millones, “lo que supone para Banco de valencia unas pérdidas de 12,6 millones de euros”, concluían los peritos
El juez imputó por estos hechos a Setién y al ex consejero delegado Domingo Parra, que fueron arrestados la semana pasada junto al expresidente José Luis Olivas y el ex director general Aurelio Izquierdo por haber favorecido presuntamente a dos empresarios amigos en sus inversiones en el Caribe mexicano.
Además, estaban imputados los empresarios Tito José Pajares San Román y José Antonio San Román Hurtado.