La adjudicación de la privatización de las ITV, pilotada por el primer Gobierno autonómico presidido por Eduardo Zaplana, propició importantes plusvalías para la empresa Sedesa, de la familia Cotino, que a su vez pagó mordidas en Luxemburgo al testaferro confeso del expolítico del PP y a su jefe de gabinete. El expediente de la mesa de contratación fue “inaudito en una administración pública”, según afirmó una de las peritos de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) que analizó el proceso en funciones de auxilio judicial a la instrucción del 'caso Erial'. La sesión del juicio de este miércoles supuso un cara a cara entre tres funcionarios de Antifraude y Vicente Escuin, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València designado por la defensa de Zaplana.
El primer Ejecutivo autonómico valenciano del PP, mediante un decreto del Consell, creó una Comisión Interdepartamental para la Racionalización del Sector Público, presidida por Juan Francisco García, uno de los acusados que confesó los hechos tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. La comisión tenía el encargo de valorar y proponer medidas para la racionalización del sector público. Sin embrago, en el expediente de las ITV “no consta que se realizara este tipo de estudio” ni informes que “justificaran los procesos de gestión indirecta a través de la concesión administrativa”, según afirmó uno de los funcionarios de la AVA.
El perito designado por la defensa de Zaplana, por su parte, aseguró que el decreto que creó la comisión fue “totalmente legal y constitucional” al tener reconocida el Consell la potestad reglamentaria en el Estatut d'Autonomia. Uno de los funcionarios de la AVA recordó que el decreto “se incumplió” al no haberse elevado ningún tipo de informe.
El mismo funcionario de Antifraude declaró que en el expediente faltan “documentos esenciales”, tales como el anteproyecto de explotación de servicios. “En la praxis real, esos expedientes tienen que estar suscritos y firmados por los funcionarios”, recordó el perito.
El catedrático Vicente Escuin adujo que el expediente, en todo caso, “proviene de una orden superior, del Consell”. En el informe de la AVA que consta en el sumario, dijo, “hay muchas confusiones” al reprochar “defectos” a la adjudicación que “no son atribuibles al proceso de contratación”.
La licitación también contó con otras características, cuando menos, llamativas. Los pliegos no estaban firmados ni fechados. “Los documentos administrativos deben estar firmados por el autor de los mismos en la práctica administrativa”, recordó el perito de Antifraude.
Un perjuicio de 9,4 millones de euros
Los funcionarios también cuestionaron el límite del 30% de la oferta del canon como criterio económico de adjudicación en la puntuación. Así, “los criterios objetivos se quedan sin ningún tipo de sentido”, manifestó uno de los peritos. “Conculca los criterios de la licitación publica, se decidió todo por los criterios subjetivos”, apostilló. El funcionario de Antifraude cifró en 9,4 millones de euros el perjuicio para la administración.
Otra perito de la AVA concluyó que se estaba atentando contra la libre concurrencia. “La experiencia práctica es justamente la contraria a la que veo en este expediente de contratación”, agregó.
Por otro lado, tal como informó este diario, el interventor que había cuestionado el límite del 30% de la oferta del canon fue sustituido repentinamente poco antes de la última sesión de la mesa de contratación. Tanto el primer interventor como su sucesor declararon como testigos en el juicio.
El perito, que fue interventor de la administración local antes de incorporarse a Antifraude, comentó al respecto: “Es absolutamente ineficiente desde el punto de vista práctico, si yo fuese el interventor que tengo que asumir la última mesa sería un problema importante, en dos días es materialmente imposible que puedas compaginar tu labor normal de interventor y asumir una mesa de esa complejidad”. “A mí no me ha pasado nunca”, agregó.
Además, en el proceso de licitación se establecieron “subcriterios” para la adjudicación que no estaban reflejados en los pliegos, algo que “atenta directamente con el principio de igualdad y de concurrencia pública”.
Tramitación “materialmente imposible”
La fecha clave que denota la singularidad de la mesa de adjudicación fue el 5 de noviembre de 1997. El mismo día se produjo el informe de propuesta de la adjudicación y la resolución. “Administrativamente es materialmente imposible”, dijo uno de los peritos de la AVA.
El catedrático Vicente Escuin adujo que los criterios de la adjudicación tenían el “aval externo” de una consultora. El informe fue solicitado por Felipe del Baño, testigo en la causa. Por el contrario, el funcionario de la AVA declaró: “Es materialmente imposible una tramitación administrativa con los plazos que vemos en este expediente”.
Los peritos de la AVA también explicaron que no figuraba en el expediente el anteproyecto de explotación, “un documento importantísimo porque marca legalmente el régimen económico financiero”. Por lo demás, el acta de contratación no estaba firmada: “No es un defecto al uso ni normal. Nunca me he encontrado una situación donde la mesa de contratación eleve una propuesta al órgano de contratación sin tener cubierto ese trámite”, dijo. El presidente de la mesa de contratación, nombrado por Zaplana, fue Juan Francisco García, su jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat Valenciana.