La Interventora del Estado que ha declarado como testigo perito en el juicio por las piezas separadas B y F del 'caso Taula', que se celebra ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, ha sido tajante: “No se cumplieron los principios que rigen el acceso al empleo público”, ha dicho en referencia a la contratación de trabajadores 'zombis' en la empresa pública de la Diputación de Valencia, durante el mandato del popular Alfonso Rus, erigida en epicentro de la trama corrupta.
La perito designada por el juez instructor de la causa analizó un “volumen increíble” de documentación de la forma pública: “Llevo 25 años auditando y no he visto que los consejeros [de una empresa pública] tengan asesores”, ha declarado a preguntas del fiscal anticorrupción. La perito también ha destacado que la empresa Imelsa no contaba con una Relación de Puesto de Trabajo (RPT).
“Es importantísima porque cuando inicias un proceso de contratación tienes que justificar la necesidad de esa contratación, los requisitos y las funciones, si no tienes eso no tienes nada”, ha explicado. La perito ha explicado que pudo trazar una suerte de lista e trabajadores de la firma pública estudiando las bajas de personal.
Se trata, según ha dicho el fiscal anticorrupción, de una “desorganización organizada dentro de Imelsa”. La perito también ha cuestionado los complementos por productividad que cobraron el exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' o el director económico financiero, entre otros cargos.
“No hay justificación en las productividades a esos directivos, al gerente, el director económico financiero, la directora de gestión, la secretaria del gerente y el conductor”, ha abundado. “Lo que llama poderosamente la atención es que la productividad se concentre tanto en determinadas personas”, ha apostillado.
La interventora, que comparecía como testigo perito a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha destacado que su informe pericial se basa en “evidencias y hechos”. Entre 2003 y 2011, según ha indicado la testigo, se incrementaron “significativamente” el número de asesores en la institución provincial, “por eso se contrataban en Imelsa”, ha sostenido.
La Diputación de Valencia, bajo el mandato de Alfonso Rus, eludió la normativa de contratación vigente para contratar a trabajadores 'zombis' tanto del PP como del PSPV-PSOE. “Sí que podía tener asesores en la Diputación pero no podían las empresas públicas” como Imelsa, ha concluido.
Un peculiar testigo: “No sé por qué hice este informe”
Si la declaración de la perito designada por el juez instructor ha sido tajante y seria la del ingeniero técnico que ha comparecido a petición de la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha sido desastrosa. El hombre ha presenciado dentro de la sala la declaración de la anterior testigo, algo insólito en una vista oral. Sin embargo, el magistrado que preside el tribunal ha quitado hierro al asunto. “Lo que haya podido escuchar no parece que tenga mayor trascendencia”, ha aclarado.
Tras el estallido del 'caso Taula', la empresa pública Ciegsa encargó a Miguel Murgui la misión de analizar el consumo de agua y luz de la sede 'fantasma' de la firma encargada de construir colegios en la calle de Hernán Cortés de Valencia. La empresa, cuyo exconsejero delegado Máximo Caturla se siente en el banquillo de los acusados, contrató a varios zombis que reconocieron que en realidad trabajaban en la sede del PP de Valencia.
“En Ciegsa nadie conocíamos el piso”, ha dicho el testigo. Tras analizar las facturas del agua y de la luz entre 2005 y 2007, el ingeniero llegó a la conclusión de que “no había mucha actividad en ese piso”, según ha declarado. El hombre visitó una vez el piso y “sólo había una persona”.
Sin embargo, el testigo ha reconocido que comparó los consumos de agua y luz de la sede fantasma de Ciegsa con los de su propia vivienda, para sorpresa de las partes presentes en el juicio. “No sé por qué hice este informe, si llego a saber que hoy voy a estar aquí no lo hago”, ha dicho.
Aunque sus conclusiones son que el consumo en la sede de Hernán Cortés “no era relevante”, las peculiaridades de su técnica de peritaje y la ligereza de su declaración le han restado credibilidad. “El que no entiende nada soy yo”, le ha espetado el presidente del tribunal en un momento de su declaración.