Podemos, el apoyo parlamentario del Consell formado por PSPV-PSOE y Podemos, ha endurecido su discurso hacia el gobierno valenciano. El portavoz del partido en las Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, medidas “efectivas e inmediatas” contra los desahucios.
Montiel y su grupo se han apoyado en las últimas estadísticas judiciales. Los lanzamientos hipotecarios crecen en la Comunidad Valenciana, una de las autonomías que lidera esa clasificación. No se puede permitir “la violencia de ser arrancado” del hogar. Por ello, Podemos pide medidas inmediatas más allá de la aprobación -ahora en trámite parlamentario- de la Ley por la Función Social de la Vivienda.
“Valentía política”
La PAH ya ha criticado al Consell por esa ley, que creen que se quedará “corta”. “O están con la banca o con la gente”, han dicho en referencia al gobierno valenciano. En esa línea, Podemos ha pedido “valentía política” a Puig. Y un plan de urgencia: moratoria real y efectiva contra los desahucios, fomentar acuerdos entre acreedor y deudor con ayuda de los ayuntamientos para evitar los lanzamientos y un plan de choque para ofrecer vivienda pública en alquiler.
Montiel también ha acusado veladamente al Consell de ser timorato con la banca. Solo tres entidades -Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular- se han adherido al acuerdo antidesahucios promovido por la Generalitat. Ante la falta de resultados notables, Podemos quiere que la administración valenciana “deje de trabajar con bancos que desahucian”.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, María José Salvador, han reconocido el problema, consecuencia de la pobreza, la exclusión o la burbuja inmobiliaria, dicen, generada durante la época del PP. Salvador ha asegurado que la Generalitat no practica desahucios en el parque público y promete medidas coercitivas contra los bancos que no colaboren en garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
La Ley por la Función Social de la Vivienda, pendiente de debate y aprobación, prevé, entre otras medidas, expropiar viviendas a los bancos si no aceptan un alquiler social. Podemos, consciente de la lentitud de los trámites parlamentarios y de la dificultad de ejecutar el contenido de las leyes, quiere, de urgencia, otras medidas.