¿Puede un agente de la Policía Nacional suspendido declarar en un juicio como testigo perito? Es la situación que debe resolver la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia en el marco del juicio del 'caso Alquería'. El próximo 10 de noviembre están citados a declarar en condición de testigos peritos cuatro agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas de los acusados. Sin embargo, el agente con carnet profesional 81.712 ha enviado un escrito al tribunal, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que anuncia que se encuentra suspendido de empleo y sueldo por un expediente disciplinario y que se le ha retirado “temporalmente” tanto el carnet profesional como la placa.
El hombre informa de que no puede “ejercer labores de Policía Nacional”. El agente con carnet profesional 81.712 fue uno de los investigadores que llevó las pesquisas del 'caso Alquería', sobre las presuntas irregularidades en la contratación de una decena de cargos de alta dirección vinculados al PSPV-PSOE y Compromís en la empresa pública de la Diputación de Valencia.
Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Así, solicita penas de hasta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para los acusados.
“Mi asistencia al juicio sería para asistir por mi condición de Policía Nacional, condición para la cual estoy suspendido y no puedo ejercer, ni representar en modo alguno, no pudiendo identificarme como tal”, advierte en el escrito.
El agente suspendido participó en la elaboración de diversos informes que constan en el sumario del 'caso Alquería', aunque “la actualidad es bien distinta”, señala. Sólo podría asistir a declarar al juicio, según argumenta, como “civil” y no como “perito con carnet profesional 81.712 que es lo que refleja la citación judicial” que entregó un agente judicial en su actual domicilio en Cantabria.
Una “anomalía”
“Un dato que refleja la anomalía en la que me encuentro es el hecho que una citación para asistir a un juicio en relación a mi trabajo, sea entregada en mi domicilio particular y no en la secretaria de la Unidad a la que pertenezco”, señala el escrito. El hombre también indica que “existen más personas que trabajaron en la elaboración de dichos informes, perfectamente capacitados para defender el trabajo realizado en el juicio oral junto al inspector instructor de las diligencias”.
El escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Valencia concluye “a la espera de una comunicación” para “saber la manera de proceder”. El tribunal ha dado tres días de plazo a las defensas y a Anticorrupción para que decidan si retiran o mantienen la declaración del testigo perito, en su singular condición de policía suspendido de empleo y sueldo.