Las Corts Valencianes inician el desmantelamiento de las leyes del Pacto del Botánico. El Parlamento autonómico, de mayoría conservadora y de ultraderecha, debate este miércoles la toma en consideración de las cinco leyes presentadas por el PP y Vox, los grupos que sustentan al Consell de Carlos Mazón. Los grupos proponentes lo consideran un acelerón en la “agenda reformista”, mientras la oposición alerta de la “involución”. La mayoría de PP y Vox propiciará que las normas se tramiten por la vía de urgencia, un camino que reduce a la mitad los plazos y también las posibilidades de participación ciudadana.
El paquete legislativo al que el Consell ya ha dado su visto bueno incluye una ley que sustituye la memoria histórica por la “concordia”, diluyendo el contenido de la norma actualmente vigente que reconoce a las víctimas del franquismo, bajo el argumento de homenajear a “todas” las víctimas. PP y Vox se escudan en los asesinados por la banda terrorista ETA o por investigar el periodo republicano para aprobar una norma que cuestiona que la Segunda República fuera un periodo democrático y que no alude al franquismo o la dictadura directamente.
Esta ley es la más polémica de todas. El Gobierno ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y tanto el PSPV como Compromís exploran vías para rebajar las pretensiones de PP y Vox, considerando que esta ley “blanquea el franquismo”. Las asociaciones memorialistas han trasladado sus protestas y su preocupación ante la norma. La portavoz del Consell, Ruth Merino, insiste en que “lejos de ofensivas y de confrontaciones, nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliar y abrir los brazos y abrir a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia política, venga donde venga, ese reconocimiento que creo que se merecen todos”. Por su parte, Vicente Barrera, vicepresidente primero y líder de Vox, sube el voltaje en el debate: “Que vayan a llevarlo, como dice Sánchez, hasta la ONU... puede llevarlo hasta el tribunal intergaláctico que desee”.
Otra de las normas que ha generado conflictividad social es la que afecta al sistema educativo y a la enseñanza en valenciano. Bautizada como ley de “libertad educativa”, reduce las posibilidades de enseñar la lengua cooficial en las zonas castellanohablantes y dará la certificación “automática” de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura según los niveles. En la práctica, es un sistema similar al de las líneas. “Son leyes que atentan directamente contra el mundo educativo”, afirman desde Comisiones Obreras. La oposición también plantea llevarlas a la justicia.
La tercera parte del pack legislativo es la nueva ley para la radiotelevisión valenciana. Derogará la ley de 2016, unificará la Corporación y la Sociedad, cambiará los órganos administrativos -menos y controlados por el Parlamento-, reducirá el presupuesto y aumentará los contenidos en castellano. Los procesos de selección del personal quedan paralizados, según han apuntado sus dirigentes. La oposición considera que es el primer paso para controlar políticamente los medios de comunicación públicos y se remiten a la etapa de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat y su relación con Canal 9.
También se debatirán la ley de transparencia y la modificación de la Agencia Antifraude. La primera establece una reducción de controles a los poderes públicos y permitirá que los altos cargos sigan siendo consejeros en empresas, aunque no se les permitirá cobrar. La segunda elimina la mayoría cualificada para la elección del director.
La intención de PP y Vox es que las leyes puedan aprobarse antes del verano, apurando los casi cuatro meses hábiles que quedan en el periodo de sesiones. Así, tras nueve meses de gobierno, la alianza ultraconservadora pisa el acelerador.