El 17 de diciembre de 2017 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia en la Comunitat Valenciana, una norma que fue muy criticada entonces por el Partido Popular y Vox y que pretendía, según explicaba la consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, en una entrevista concedida a elDiario.es, “enfrentarnos a la historia sin miedo y sin confrontación”, así como recuperar la “dignidad” de las víctimas, y los derechos a “la reparación, la memoria y la verdad”.
Gracias a esta ley, la Administración autonómica asumía directamente la localización de las fosas de la Guerra Civil y del franquismo -hay unas 600 repartidas por todo el territorio valenciano con miles de cuerpos enterrados- y la exhumación e identificación de las víctimas, así como también se impulsaba la retirada de los símbolos franquistas que todavía siguen estando presentes en algunas localidades valencianas. Además, entre otras cuestiones, la Generalitat tenía la intención de crear el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática e impulsaba la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de las víctimas.
Todas estas medidas, si nos atenemos al acuerdo de gobierno rubricado esta misma semana por Partido Popular y Vox para formar un nuevo Ejecutivo autonómico y dirigir la Generalitat Valenciana, corren serio riesgo de desaparecer. En el documento de 50 puntos firmado por los populares y el partido de extrema derecha se recoge, en el segundo apartado: “Se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, en una clara referencia a la ley de Memoria Democrática impulsada por el Consell del Botànic.
No es ninguna sorpresa que el nuevo Consell tenga entre sus primeros objetivos la derogación de esta norma. El dirigente ultra José María Llanos ya advirtió en las Corts Valencianes que eliminarían esta norma si llegaban a la Generalitat Valenciana porque, aseguraba, esa ley “llama al odio entre españoles” y “vulnera” principios como la libertad ideológica, de expresión, de cátedra y de desarrollo de personalidad.
Miedo de las víctimas
Las asociaciones de familiares de las fosas de la represión franquista mostraban su preocupación tras las elecciones del pasado 28 de mayo y la victoria de la derecha, que auguraban iba a suponer un “cerrojazo total”. Como sospechaba Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano, en declaraciones a elDiario.es hace unos días, la entrada del PP, y sobre todo de Vox, en el Ejecutivo autonómico iba a suponer la derogación de la ley y la desaparición del presupuesto para la exhumación de las víctimas: “Va a suponer un retroceso histórico en todo tipo de políticas sociales, en derechos, recortes en servicios públicos y libertades”.
A partir de la llegada al Palau de la Generalitat de Carlos Mazón, temen que va a quedar paralizado todo lo que queda pendiente por realizar. Hasta la fecha, se ha exhumado el 66% de las fosas comunes de la represión franquista en territorio valenciano, con financiación pública, y se han localizado los restos de 2.166 víctimas, tanto de la represión franquista como combatientes en la Guerra Civil, de las cuales 225 se han identificado y 373 están pendientes de identificación.
La alternativa de la Diputación de Valencia
A las víctimas y a sus familiares todavía les queda una esperanza para que se mantengan los trabajos de recuperación de la memoria democrática, la Diputación de Valencia. La única administración pública valenciana que se mantendrá en manos de la izquierda, con el socialista Carlos Fernández Bielsa como presidente gracias al apoyo de Compromís y de Ens Uneix -el partido del exsocialista Jorge Rodríguez-, se presenta como la última y única esperanza de que se continúe con la labor de exhumación de fosas comunes en las que fueron enterrados miles de muertos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La Diputación de Valencia ya comenzó a trabajar en este campo, en el de la recuperación de la memoria democrática, en 2015, y en el pasado mandato se sumó también a esta tarea la Diputación de Castellón, que después del 28 de mayo también ha caído en manos de la derecha.