El ADN de Zaplana: billetes y juego sucio

Eduardo Zaplana Hernández-Soro regresa al banquillo de los acusados para que la sección cuarta de la Audiencia de València dirima si el ex presidente tomó un atajo a la hora de cumplir el programa político que le confesó por teléfono a su amigo Voro Palop, en febrero de 1990. “Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. Necesito mucho dinero”. En este “juicio final” se ha de resolver si el coleccionista de escándalos lideraba una “organización criminal”, una banda de quince testaferros y amigos, para engordar sus economías domésticas con el cobro de mordidas en dos contratos adjudicados por la Generalitat Valenciana: el de la privatización de las ITV y el del Plan Eólico. Una mina de 20,6 millones de euros en comisiones ilegales.

Dos contratos que, curiosamente, no forman parte de las mejores estampitas de San Pancracio, el CEO santoral de la abundancia, de aquellos años. Son las dos concesiones cuyos planes de amaño y pago de peajes se esbozaban en las seis hojas que el ciudadano sirio Imad Al Naddaf Yalouk halló, según consta en el sumario, en el piso que fue de Zaplana y que fueron entregadas en 2012 a su amigo Marcos Benavent, el conocido como “Yonqui del dinero”.

Ante la imposibilidad de negar las “abrumadoras evidencias”, indicios y pruebas acumuladas contra el ex presidente en la investigación (una colección de ellas está contenida en un informe de 450 páginas de la UCO) el ex ministro ha optado por la estrategia de intentar tumbar la instrucción a partir de anular esos documentos e impugnar el arranque de la investigación aduciendo que el registro judicial en el que se hallaron los papeles de esta hoja de ruta y las primeras pesquisas de la UCO son ilegales al haberse producido, sostienen, en el marco de otra causa judicial. La defensa del ex presidente (que es letrada, política y mediática) ha intentado en balde dinamitar el caso. La sección quinta de la Audiencia Provincial tumbó todos los recursos.

Una melé procesalista

En las llamadas cuestiones previas que se dirimen desde este jueves en el juicio que se retoma, Zaplana y su letrado, Daniel Campos, volverán a la carga por este flanco, en el marco del intento de melé zaplanista procesalista para tumbar la causa. Apelarán a la llamada “doctrina del fruto del árbol envenenado”, muy arraigada en Estados Unidos y que se sustenta en la máxima de que cualquier prueba obtenida al margen del control de la legalidad se convierte en ilegítima y provoca la nulidad de la causa penal. A Zaplana no le queda otra que agitar montajes y teorías de la conspiración, con cameos del CNI, para cargarse el caso al grito de “las pruebas están viciadas”.

En el libro Los tentáculos del truhan, en el que se alerta de todas las embestidas que iba a desencadenar el acorralado Zaplana, se explica cómo la sentencia del Supremo 116/2017 de 23 de febrero limita la aplicación de esa doctrina en España a la actuación de agentes públicos. Un fallo dictado a raíz del caso Falciani. Ni Marcos Benavent, ni el ciudadano sirio que en 2012 le entregó los documentos, son funcionarios públicos, por lo que el recompensado esfuerzo del Yonqui del dinero confesando haber sido un caballo de Troya infiltrado en los oligarcas del régimen cleptómano (desde Rus hasta Zaplana) seguiría teniendo nulos efectos incluso si convenciera de la conspiración a una sección cuarta en la que habita algún creyente zaplanista.

El montaje sobre el supuesto montaje antizaplanista urdido por espías y socialistas, se proyectará desde hoy en las pantallas de este macrojuicio en el que el ex comisario José Manuel Villarejo tendrá sus minutos de gloria (en abril), tras ser citado como testigo por la defensa de Zaplana para que explique todos los detalles de la conspiración. El tribunal ha aceptado esa comparecencia.

Que la causa viaje a Madrid

En estas cuestiones previas la defensa también intentará, por enésima vez, que la causa se juzgue en la Audiencia Nacional, un ecosistema que el ex presidente considera más acogedor, pese a que no ha tenido precisamente mala suerte con el tribunal valenciano que le ha tocado. Argumenta el principal acusado, el arquitecto de aquel régimen edificado sobre una Comunitat Valenciana convertida en un casino, que la causa debería trasladarse a aquella instancia judicial dado que se investigan delitos supuestamente cometidos en el extranjero. Es cierto que, según la investigación, se montó una trama de 23 sociedades en 14 países para intentar esconder los activos. Pero el dinero moreno no es de donde duerme, sino de donde nace y pace. Y las adjudicaciones de los molinos de viento y las estaciones de ITV se concedieron en València.

El dinero bronceado supuestamente viajó por Andorra, Panamá, Luxemburgo o Suiza, pero regresó blanco para instalarse en pisos en los castizos barrios de Chamberí y Salamanca, o en las faldas del Puig Campana, que no está en los Alpes suizos. De hecho, hay una segunda hoja de ruta, hallada en el piso de Zaplana en la calle de Pascual y Genís de València, en la que se perfila el viaje de vuelta, la repatriación de los fondos.

La estrategia procesalista tiene tintes circenses. Hasta el punto de que Zaplana pidió una pericial para demostrar que en las hojas entregadas por el ciudadano sirio a Benavent no hay restos de ADN zaplanista. Y efectivamente, en esos documentos, confeccionados según la UCO en torno a 2001, no se hallaron huellas ni restos biológicos de Zaplana. En la Sábana Santa de Turín, tampoco.

Aquí no hay minutos basura

El problema para el ex presidente es que su ADN está presente en todas las corruptelas, aparece nítidamente en distintos pasajes de la pista del dinero, que diría William Mark Felt, que fue número dos del FBI y garganta profunda en el Watergate. En el Caso Naseiro, en el marujazo (la compra de una tránsfuga socialista para ganar la alcaldía de Benidorm en 1991), después el caso Sanz, en Terra Mítica, en el escándalo IVEX-Julio Iglesias, en el caso Lezo… Todas las causas son el caso Zaplana y ninguno fue bautizado con su nombre.

En cualquier otro asunto, estas deliberaciones previas serían una aperitivo insulso. En este caso, con la artillería centrada en el cómo y no en el qué, la discusión sobre la parte contratante de la primera parte deviene crucial. Recuerden que el Caso Naseiro, donde ya triunfaba el incorruptible Zaplana, fue fulminado por el Supremo en junio de 1992 al anular las grabaciones.

Cuando se pretende hundir un barco cargado de pruebas y confesiones que sitúan al ex presidente al frente de la banda; cuando se pretende evitar 19 años de cárcel y más de 40 millones de multa por pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, no parece conveniente reparar en medios de defensa. El dinero y el juego sucio encubierto también están en el ADN zaplanista. Con pólvora mediática, cobrando facturas atrasadas o persiguiendo sombras en el Río de la Plata.