Los 28 identificados por las brutales agresiones del 9 d'Octubre en 2017 se sentarán en el banquillo en las próximas semanas. La Audiencia Provincial de Valencia señalará en breve la fecha para el juicio oral por las actuaciones de grupos de extrema derecha en la manifestación de 2017, que se espera para este otoño, cuatro años después de las agresiones. La acusación ya ha presentado sus escritos y solo falta que un par de abogados de la defensa hagan lo propio.
La Comissió 9 d'Octubre, que integra a entidades cívicas y partidos políticos, ejerce de acusación particular en el proceso que acusa a una treintena de personas de lesiones a manifestantes, periodistas y miembros de las organizaciones convocantes. La Fiscalía también actúa como acusación a través de la fiscal delegada de delitos de odio. En el escrito de acusación enviado al Juzgado de Instrucción 15 de València, la Comissió solicita penas de entre 3 y 7,5 años de prisión, por una extensa batería de delitos: desórdenes públicos, delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, coacciones, amenazas, maltrato o delitos leves de lesiones, con los agravantes de abuso de superioridad y de reincidencia.
La acusación particular considera “imprescindible” que, al margen de las penas de prisión y multas, se establezca una orden de alejamiento de 300 metros del domicilio de las entidades integrantes para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Las agresiones de los grupos ultras reventaron la manifestación y se enmarcan en un “contexto político determinado” por la celebración del referéndum en Catalunya: “Estos hechos habían crispado extraordinariamente la situación política en el conjunto del Estado y tal crispación fue utilizada por los investigados”, recordó el juez en su escrito.
Uno de los agredidos, Vicent D., que intervino para detener a un grupo que cargó contra una joven, calificó el episodio como “una cacería de la extrema derecha”. La joven sufrió lumbalgia postraumática, contusiones y ansiedad y declaró que aun teme participar en manifestaciones. Periodistas del diario Jornada fueron increpados y vieron su material de trabajo destrozado, mientras que un fotoperiodista de El País recibió varios golpes y estuvo al borde de perder su equipo por otros ultras. Estas agresiones fueron filmadas por equipos de televisión y por los teléfonos móviles de los asistentes, que llevaron a los agentes a visionar más de 1.200 horas de grabación para identificar a los acusados y establecer el relato de hechos.
El auto del magistrado instructor recoge el historial delictivo de los investigados, entre los que hay condenados por violencia de género, tráfico de drogas y agresiones, entre otros delitos, e incluso sus tatuajes con símbolos neonazis. Los grupos actuaron durante la tarde, a plena luz, delante de los agentes de Policía Nacional que tuvieron que contener conatos previos de peleas.