El diputado del PP en Les Corts y exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, ha anunciado que comparecerá en el juzgado, después del ofrecimiento de la magistrada en un auto en que se apunta a la existencia de indicios de que pudiera haber cometido los delitos de malversación y prevaricación dentro de la operación Flotador que investiga presuntas irregularidades en la gestión del agua de la ciudad durante su mandato.
“Esto no tiene ningún sentido, es todo una 'boutade' (ocurrencia)”, así afirma que “ya no hay ni investigación por cohecho, ni por falsedad documental, según me notifican. Lo que queda estoy convencido de que decaerá igual”, sentencia Castelló. Además el diputado recuerda que la adjudicación se hizo antes de ser él alcalde, al final de la legislatura de la alcaldesa socialista Gloria Calero, por lo que afirma “ no entiendo qué pinto ahí, porque lo que hice fue continuar con el acuerdo de adjudicación de 17 mayo de 2007 que marcaba todas las condiciones para la constitución. No he tomado decisiones como alcalde en este tema, todas las tomó el Pleno del Ayuntamiento. Siempre y en todos los casos con todos los informes favorables, absolutamente todos. En esos acuerdos votamos a favor PP, PSOE, Compromis y SP”.
En su explicación continúa diciendo que, en la siguiente legislatura, ya con él como alcalde “por prudencia, esperamos a constituir la empresa, tras un enorme expediente de interpretación contractual con muchos informes y todos favorables, a que el TSJ dictara sentencia firme, donde se dijo que el Ayuntamiento había hecho bien la adjudicación. Y el adjudicatario pagó lo que tocaba: 12 millones de euros que el TSJ dijo que eran amortizables. Todo está en los expedientes y todo está bien hecho. Lo que hizo el pleno de Sagunto antes de mi como alcalde y después cuenta con los parabienes jurídicos y técnicos”.
Así se ha pronunciado después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto le haya comunicado la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación en su contra por la adjudicación del concurso para la gestión integral del agua en la localidad, que se investiga en una de las piezas separadas de la llamada operación 'Flotador'. Esa operación mercantil, calcula, podría haber ocasionado un perjuicio económico de 24 millones de euros a las arcas públicas municipales.
Sobre las cifras en cuestión exclama que “no entiendo dónde narices está la malversación, no lo comprendo bajo ningún concepto; además, no comprendo por qué se me mete a mí en este fregado cuando yo no he tomado ninguna decisión en este asunto, ninguna, todas fueron tomadas por el pleno del Ayuntamiento”, ha dicho.
Castelló ha indicado que comparecerá en el juzgado, ya que la jueza le da esa oportunidad “años más tarde de saber que soy diputado, porque me conoce de hace mucho tiempo” y ha insistido en la acusación de malversación: “24 millones de malversación, pero qué estupidez estamos diciendo. Cuando hay un contrato de 24 millones y das el 50% a una empresa privada que aporta 12,5 millones, que es la parte que tenía que aportar según el pliego. ¿Se pagó? Claro que se pagó, y se ingresó en las cuentas municipales”.