El expresidente de la Diputación y del Partido Popular en Castellón, Carlos Fabra, ha comparecido este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde estaba citado para que le fuera comunicado su ingreso en prisión tras ser condenado a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública en el caso Naranjax al defraudar cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003.
No obstante, Fabra -que considera que su conducta es “acreedora” del indulto- se ha marchado sin que se le haya notificado su encarcelamiento después de que el juez le concediera tres días a las partes para que se pronunciaran sobre la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la condena mientras se tramita la solicitud de indulto del exbarón provincial del PP.
Carlos Fabra ha explicado que con su petición de indulto se ha acogido a su “derecho constitucional”, pese a que el 26 de noviembre de 2013 apuntaba que no iba a solicitar el indulto, así como que, si le esperaba la cárcel, “tendrá que hacerlo una temporada larga”. En cuanto a la suspensión de la pena, el expresidente de la Diputación de Castellón ha puntualizado que la Audiencia de Castellón “resolverá en su momento”.
El exdirigente del PP castellonense también se ha referido a la postura del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, expresada por el president Alberto Fabra, la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, y la portavoz del Consell, María José Català, contraria al indulto a Carlos Fabra. Así, ha preferido no opinar, aunque ha puntualizado que su petición iba dirigida al Gobierno.
Fabra, cuestionado acerca de qué prisión elegiría para cumplir la condena si finalmente debe ingresar en prisión, ha respondido con sorna “qué pregunta más simpática”.