El President Alberto Fabra se ha erigido (a él y al Partido Popular) en el mayor adalid de la lucha contra la corrupción, afirmando en Corts que el PP es “el único” que ha tomado medidas encaminadas a que los imputados no tengan protagonismo político, recordándoles a los partidos de la oposición que nadie había adoptado una actitud como la mantenida por los populares.
No es la primera vez que Fabra marca una 'línea roja contra la corrupción', apoyada en afirmaciones como que en la candidatura del PP a las autonómicas de 2015, una convocatoria para la que el President ya ha anunciado que será el candidato, no tendrá entre sus nombres a ningún encausado por la justicia.
Fabra se escuda en que los imputados con escaño en Corts no tienen ninguna responsabilidad política en el partido, ni en el Gobierno, ni en el consejo de dirección del grupo parlamentario, además de recordar que el acta de diputado es personal y no se puede forzar a nadie a que la abandone.
Decisión discutida
Esta 'docrina' que Fabra intenta llevar a cabo se ha topado con la oposición de multitud de voces en el seno del Partido Popular valenciano. Sin ir más lejos, el presidente de Les Corts, Juan Cotino, o el presidente de la diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, han mostrado públicamente su desacuerdo con estas tesis al recordarle a su presidente que un imputado no es un condenado.
Es más, incluso en casos de sentencias firmes, como es el caso del exdiputado y exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión por corrupción, se llevó a cabo en el parlamento valenciano una recogida de firmas impulsada por el también diputado popular Andrés Ballester para pedir el indulto del exparlamentario del PP.
Esa campaña encontró el apoyo de más de cuarenta parlamentarios del PP (más del 80% del grupo) pese a la oposición de Fabra a esta iniciativa, y entre los firmantes se encuentra Alfredo Castelló, que pese a firmar la petición “a título personal”, es además presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, que es el órgano que debe dictar justicia interna en el partido. Precisamente, Castelló se vio forzado a pedir “perdón” en el pleno del Ayuntamiento de Sagunto por firmar esa petición cuando ocupa cargo público.
Casos conocidos
Tras la condena a Hernández Mateo, quien ha solicitado el indulto tras la ratificación de la condena por parte del Supremo, se conocía esta semana la sentencia de la Audiencia de Castellón que, si bien absolvía a Carlos Fabra de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, condenaba al expresidente del PP castellonense a 4 años de prisión por otros tantos delitos de fraude a Hacienda, una sentencia que Fabra ha anunciado que recurrirá, “si me espera la cárcel, tendrá que hacerlo una temporada”.
Además, los diputados autonómicos del PP encausados en diferentes procesos judiciales son: Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla por su implicación en el caso Gürtel; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y su predecesor Luis Díaz Alperi por supuestas irregularidades en el caso Brugal; a los que le podría sumar Rafael Blasco, quien ya no pertenece al grupo popular pero que desde el 7 de enero será juzgado por el Caso Cooperación, derivada de su presencia al frente de la conselleria de Cooperación y Solidaridad.
Además de estos casos, podríamos comentar la situación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el exMolt Honorable, Francisco Camps, quienes coquetearon con la imputación por el caso Nóos, por el que tuvieron que declarar ante el juez Castro hace apenas diez días, cuando se produjo el esperpéntico episodio de la 'no localización' de Camps para testificar.
En definitiva, casi se podría decir que el President Fabra se encuentra hoy por hoy con el enemigo en casa.